¿A quién defiende nuestro gobierno?

En política, hay cuestiones que, aun siendo legales, no son ni justas ni éticas. Una de ellas es que el dinero de todos pueda acabar sufragando la defensa de un político investigado por corrupción.
No podemos permitir que los portuenses paguen por los errores de quienes gobiernan En El Puerto de Santa María, hemos sabido que el Ayuntamiento ha contratado los servicios de un abogado vinculado a Jesús Garay, concejal del PP imputado en una causa penal. Aunque el gobierno no lo ha aclarado oficialmente, el abogado en cuestión sí ha expresado que ese contrato con el Ayuntamiento es independiente a su defensa del concejal imputado. La mera sospecha de que esto ocurra directa o indirectamente es inadmisible.
La ley permite que los ayuntamientos financien la defensa de sus cargos públicos si los procedimientos judiciales están relacionados con su función. Sin embargo, lo que no tiene sentido es que, en caso de condena, el dinero no se recupere. Es aquí donde debemos marcar un límite, si alguien usa recursos públicos para defenderse y se demuestra que ha cometido un delito, debe devolver hasta el último céntimo.
El problema no es solo económico, es una cuestión de principios. ¿Cómo es posible que los vecinos de El Puerto tengan que pagar la defensa de un político si la Justicia confirma que ha actuado en su contra? ¿Cómo puede ser que el Ayuntamiento no se persone en la causa para defender los intereses de la ciudad, pero sí pague abogados para quien está siendo investigado?
Por eso, desde Unión Portuense hemos presentado una moción para incluir en el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Municipal (ROGAM) una cláusula clara y contundente: si un concejal usa dinero público para su defensa y resulta condenado, deberá devolverlo todo. Y si no lo hace, el Ayuntamiento deberá reclamarlo por la vía judicial.
Esta medida ya ha sido adoptada en otros municipios y se basa en un principio tan lógico como necesario: el dinero público debe usarse con eficiencia y responsabilidad. Así lo establece el artículo 31.2 de la Constitución Española, y así debe aplicarse en nuestra ciudad.
No podemos permitir que los portuenses paguen por los errores de quienes gobiernan. Si el alcalde Germán Beardo y su equipo no apoyan esta propuesta, estarán dejando claro que prefieren proteger a los suyos antes que defender el dinero de todos.
La pregunta que deben responder ahora es sencilla: ¿van a votar en contra de que los condenados devuelvan el dinero a los vecinos? Si lo hacen, quedará claro que su prioridad no es defender El Puerto, sino proteger a los suyos.