Hoy hemos presentado al pleno del Ayuntamiento una moción solicitando al gobierno de España, a que revise la aplicación de la REGLA DE GASTO para los municipios que, como El Puerto, cuenten con superávit y no tengan deuda, permitiendo una mayor flexibilidad en el uso de los recursos municipales excedentes.
Lo defendí en 2015 y diez años después sigo defendiendo lo mismo, las llamadas “Leyes Montoro” son una correa demasiado corta y apretada a la autonomía municipal. Así que en esta reclamación coincido con Beardo, por supuesto no le compro el discurso fantasioso de que hemos eliminado la deuda gracias a una gran gestión. Todo lo contrario, ha sido por desidia y dejadez, hemos invertido tan poco estos años en la ciudad sin dejar de sangrarnos a impuestos que hemos pagado por adelantado la deuda. Fin de la historia.
Es más, como Ayuntamiento irresponsable que hemos sido, las “Leyes Montoro” han funcionado en El Puerto, pero a costa de la ciudadanía y de los servicios que pagamos. 
Y ese camino, nunca puede ser el correcto en una democracia, yo tampoco me fio de la futura gestión de Beardo, pero como pueblo tenemos derecho a equivocarnos y no vernos sometido desde Madrid por burócratas que no conocen ni una calle de El Puerto. Y menos cuando no tenemos deuda.
Es cierto que en 2018 y sobre todo en 2020 debido a la pandemia las Leyes Montoro se habían flexibilizado, pero en 2024 se volvieron a reactivar y como establece la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, busca controlar el crecimiento del gasto público en los ayuntamientos. Lo cual vuelve a suponer una limitación considerable para aquellos municipios que, como El Puerto de Santa María, no tienen deuda y han generado superávit en sus cuentas públicas.
Y pese a ello, la citada Regla de Gasto impide el uso de estos fondos, limitando nuestra capacidad para acometer inversiones necesarias y mejoras en los servicios públicos. La aplicación estricta de esta normativa, no tiene en cuenta las circunstancias de municipios que, aunque han reducido su deuda, se encuentran con recursos inmovilizados sin poder emplearlos de manera efectiva para el bienestar de sus ciudadanos.
Por ello, si contamos con el apoyo de la mayoría de la corporación, instaremos al Gobierno de España, y en particular al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a que revise la aplicación de la regla de gasto para permitir que los ayuntamientos sin deuda puedan emplear sus superávits en proyectos e inversiones que beneficien directamente a sus ciudadanos.