Trabas a la libre expresión en redes sociales

El pasado martes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes presentó el anteproyecto de Ley Orgánica que regula el Derecho de Rectificación y defendió que su finalidad es promover una mayor calidad en el debate público, para así facilitar y garantizar el derecho a la rectificación de los ciudadanos cuando se vean afectados por una información que sea falsa, inexacta, un bulo o una mentira. Esta ley se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia, cuyo objetivo es garantizar que los ciudadanos no se vean perjudicados por bulos. 
Detrás de esta nueva ley puede apreciase el miedo del gobierno a quien pueda rebatirles sus argumentos delante de un gran número de ciudadanos La nueva ley afecta a los denominados influencers que tengan más de 100.000 seguidores en una red social o 200.000 en el conjunto de varias. Pero la cuestión es que, curiosamente, el enunciado no menciona explícitamente a los políticos o partidos políticos que tengan cientos de miles de seguidores y que también desempeñan el papel de auténticos influencers, por lo que, aunque no se les nombre, difícilmente pueden ser excluidos de que se les aplique la nueva ley. 
El enunciado de la Ley Orgánica que regula el Derecho de Rectificación debió resonar maravilloso en las cabezas de los políticos, que parecen no darse cuenta de que pueden haberse dado un tiro en su propio pie. Resulta que en las encuestas que realiza el eurobarómetro europeo los ciudadanos españoles son los europeos que más consideran que los políticos son quienes más les mienten, siendo para colmo público y notorio que muchos de ellos se dedican habitualmente a replicar en las redes sociales los bulos que previamente ya han transmitido otros, haciendo con ello que se virilicen con la clara intención de darles tintes de veracidad. 
Detrás de esta nueva ley puede apreciase el miedo del gobierno a quien pueda rebatirles sus argumentos delante de un gran número de ciudadanos. Así, por ejemplo, la nueva ley permitirá que cuando una red social de un mensaje nocivo para las políticas del gobierno, quienes lo apoyan puedan coordinarse entre sí para enviar un gran número de solicitudes de rectificación para colapsar dicha red social. El resultado de estas actuaciones ocasionará probablemente que muchos de los influencers “hostiles al gobierno” prefieran autocensurarse y no tratar determinados asuntos para evitar problemas. Lo que viene siendo una forma encubierta de ejercer la censura. 
Será interesante ver a los políticos que tienen miles de seguidores en redes sociales intentando que la justicia – con la nueva ley en la mano – no les obligue a rectificar las numerosas mentiras y tergiversaciones que constantemente publican. En este sentido, cada vez son más los políticos e individuos de su entorno que cuando sus presuntas ilegalidades son investigadas por los jueces, no dudan en acusarlos de estar politizados y prevaricar, además de proclamar que la justicia española de no es imparcial. No dejemos que se salgan con la suya. Fuerza y salud.  n