La exconsejera de Salud y Consumo y actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha defendido este jueves que los contratos realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en 2021 --en plena pandemia-- se hicieron "con garantías jurídicas". "Estoy segura de que las personas que gestionaron aquel momento lo hicieron por una necesidad extraordinaria".
Así lo ha manifestado en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, en la que Catalina García ha recordado que las plataformas de contratación en cada una de las provincias de Andalucía lo que hacían era "intentar solucionar problemas", como lo era proveer de los materiales necesarios a cada hospital y a cada centro de salud. "Hoy, en 2024, ya no nos acordamos, somos débiles de memoria, pero entonces --en 2021-- la queja era que no se tenían mascarillas, equipos... En aquel momento, lo que hacían las plataformas era intentar que todo llegara", ha remarcado la exconsejera de Salud y Consumo en línea con lo sostenido por la Junta de Andalucía en las últimas semanas.
De hecho, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha afeado al PSOE-A "cierta falta de coherencia" al solicitar comparecencias en el Parlamento de interventoras de la Administración autonómica cuando el mismo partido "se negó" a ello cuando gobernaba la Junta. Así lo señalaba la portavoz del Ejecutivo andaluz a preguntas de los periodistas después de que desde el PSOE-A hayan anunciado que va a solicitar la "comparecencia inmediata", en sede parlamentaria, tanto de la Interventora General de la Junta de Andalucía como de la Interventora delegada del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para "esclarecer las irregularidades puestas de manifiesto en los demoledores informes de fiscalización conocidos" en relación a contratos sanitarios tramitados por la Junta durante la pandemia de Covid-19.
Por otro lado, y también a preguntas de los periodistas sobre los informes de Intervención en los que se apoya el PSOE-A para pedir dichas comparecencias, la consejera se reafirmaba en sus declaraciones en otras ruedas de prensa a propósito del mismo asunto, y en esa línea incidía en defender que en la actual Administración andaluza gobernada por el PP-A "ahora hay transparencia", cuando "antes --en referencia a la etapa de gobierno socialista-- no la había".
Además, la titular andaluza de Hacienda remarcaba que los contratos analizados cuentan con "un informe jurídico", un "informe de Intervención, se publican en el Portal de Transparencia" de la Junta, desde donde, asimismo, "se atiende a las recomendaciones de la Intervención", según subrayaba también la consejera.
Asimismo, la consejera llamaba la atención acerca de que "antes había informes del interventor" de la etapa de gobierno socialista en los que se "hablaba de agujeros de 100 millones de euros que no se atendían", y ha defendido que lo de ahora "no tiene nada que ver", porque por parte del Gobierno del PP-A "cumplimos y atendemos todas las recomendaciones, como no podía ser de otra manera", ha defendido.
De igual modo, la consejera abundaba en que los contratos a los que aluden los referidos informes de Intervención corresponden a un año como el de 2021 de "plena" pandemia de Covid-19, cuando "se subastaban hasta las mascarillas", y "hubo que cambiar la ley para que los pagos fueran por anticipado o por adelantado para que se suministrara el material". "Por lo tanto, era un momento difícil, complicado, donde todas las administraciones, no solo la Junta de Andalucía", sino "todas las administraciones autonómicas y el Gobierno de España tenían como objetivo salvar vidas y proteger a los profesionales", añadía.
