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Sábado 18/05/2024  

"Valadez es responsable de la dimisión de tres concejales de Hacienda y dos interventoras"

José María García Urbano (PP), ha criticado que "el caos total" de la gestión del alcalde

El candidato del PP a la Alcaldía de Estepona (Málaga) en las próximas municipales, José María García Urbano, ha criticado que "el caos total" de la gestión del alcalde de este municipio, David Valadez (PSOE), ha provocado la marcha de las dos últimas interventoras y de tres ediles de Hacienda.

García Urbano ha asegurado que la interventora "siempre ha sido incómoda para Valadez desde que reclamó en su informe sobre la liquidación del presupuesto económico del ejercicio 2009 la contratación de una empresa para la realización de una auditoría y control financiero para proceder a la elaboración y aprobación de la cuenta general del presupuesto", según el citado informe, y tras "las dificultades que se encontró a la hora de poder fiscalizar las actuaciones municipales".

También ha asegurado el 'popular' que la interventora del Ayuntamiento de Estepona "acusó durante el pleno extraordinario que celebró la Corporación el pasado 13 de septiembre a Valadez de pagar las nóminas ilegalmente con los fondos procedentes de convenios urbanísticos, de falsificar un documento que ofreció a la oposición y de poner al cobro el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), contraviniendo un acuerdo plenario".

Asimismo, García Urbano ha recordado que la interventora accidental que cubrió la plaza de la anterior habilitada de carrera "también ha cursado en días pasados su dimisión".

"A esto hay que sumarle", según ha indicado, la decisión de Valadez de "obligar al tesorero a jubilarse y la marcha de tres ediles de Hacienda aterrorizados con su demencial concepto de caja única que tantos problemas legales y de organización están provocando".

Por otro lado, García Urbano ha asegurado que la actual empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, Cespa, "sustituyó a Acciona, a la que se le deben casi 20 millones de euros, que deberían de pagarse antes por ser un proveedor más antiguo, pero Valadez no lo hace". "Ese capricho costará 2,2 millones de euros de intereses por retrasar el pago, que saldrán de los impuestos de los vecinos", ha subrayado.

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