La Audiencia Nacional ha tomado una decisión en el caso que involucra a Escal UGS, la empresa promovida por ACS, responsable del fallido proyecto del almacén de gas Castor, desestimando un recurso presentado por esta contra una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dicha resolución obligaba a Escal UGS a devolver 209,7 millones de euros con cargo a la tarifa del gas, pagos que la empresa había recibido como "retribución financiera" durante los ejercicios de 2014, 2016 y 2017. Este fallo supone un importante revés al grupo presidido por Florentino Pérez, también presidente del Real Madrid.
Este conflicto legal proviene de liquidaciones que la CNMC decidió anular, considerándolas nulas de pleno derecho, ya que fueron realizadas basándose en un acto legislativo que fue, posteriormente, declarado nulo por el Tribunal Constitucional. El decreto-ley 13/2014, aprobado por el Gobierno del PP, estaba destinado a pagar una indemnización exprés de 1.350 millones a ACS por la hibernación del almacén submarino, un proyecto que ha estado rodeado de controversias desde su inicio.
La infraestructura del proyecto Castor dejó de operar en octubre de 2013, después de que se registraran numerosos microsismos en la zona. El decreto en cuestión fue declarado inconstitucional en diciembre de 2017, provocando que la CNMC revisara y anulara las liquidaciones satisfechas a Escal durante los ejercicios mencionados.
Frente a la obligación de devolver los 209,7 millones de euros al sistema gasista, Escal UGS optó por recurrir a la Audiencia Nacional, entrando en concurso de acreedores en septiembre de 2019, tras la millonaria reclamación de la CNMC. La Audiencia Nacional rechazó los argumentos de Escal, recordándole que la CNMC es una autoridad administrativa independiente y que su funcionamiento no permite solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad, pública o privada.
El proyecto Castor fue inicialmente impulsado durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, justificado por la necesidad de incrementar el almacenamiento de gas en España, país que no produce este hidrocarburo. La reciente crisis energética reveló que, gracias a la red de regasificadoras de España, la infraestructura de Castor no era necesaria, siendo España poseedora de la red de regasificadoras más grande de Europa.
