La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, escogía uno de los pasillos del Parlamento andaluz para desglosar el impacto fiscal de las medidas anunciadas por José Antonio Griñán, que esperan recaudar 419 millones de euros en este ejercicio fiscal, además de anunciar que no descarta aplicar más medidas, incluido el copago en sanidad, una vez se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo 22 de junio.
El documento que entregó a la prensa, con el desglose de las partidas, provocó la bronca que rompió el tono plomizo con el que se ha desarrollado el debate del estado de la Comunidad. La “actualización” de las deducciones por viviendas protegidas, alquileres, adopciones internacionales o por asistentes para dependientes establecía el límite de renta en los 19.000 y 24.000 euros (individual y conjunta), lo que provocó las críticas de la oposición, especialmente del PP, que denunció el “engaño” que había sufrido el Parlamento por parte de Griñán e incluso se negó a votar las propuestas de resolución del PSOE.
Tras reiterar tanto por parte de la Consejería de Hacienda como del propio José Antonio Griñán que las medidas fiscales tenían un carácter progresivo y sólo afectaban a las rentas más altas, la Junta emitía un nuevo documento en el que reducía los afectados de los 35.946 iniciales a los 1.661 que sí declaran este tipo de deducciones, todos con rentas superiores a los 80.000 euros.
Al margen de la polémica y la posterior rectificación, con las medidas fiscales, las rentas más altas a las que se aplicará en Andalucía un incremento del IRPF a partir de enero de 2011 pagarán entre los 81 euros del primer tramo (80.000 a 100.000 euros) y los 4.052 euros que deberá abonar las del tramo superior (a partir de los 120.000 euros).
El primero de los tramos (10.699 declarantes) tributará al 22,5%; el segundo para bases de entre las 100.000 y 120.000 euros (4.108 declarantes) tributará al 23,5% y el tercero para bases superiores a los 120.000 euros (7.052 declarantes) tributará al 24,5%.
En total serán 21.859 andaluces los afectados, lo que permitirá recaudar 31 millones de euros, a razón de 81 euros para el primer tramo; 382 para el segundo y en 4.052 para el último.
Sin embargo, no son las medidas con las que más se recaudará. Así, con el céntimo sanitario, es decir, el impuesto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos, se recaudarán 137 millones de euros, afectando a 2.198 declarantes, seguido del impuesto sobre depósitos de clientes de entidades de crédito en Andalucía, que afectará a las 70 cajas y bancos que operan en nuestra Comunidad, en tramos del 0,3% hasta los 150 millones en depósitos; el 0,4% hasta los 600 millones y el 0,5% para más de 600 millones.
Martínez Aguayo admitió que con toda probabilidad el Gobierno central recurrirá este impuesto, al igual que hizo con Extremadura -que aprobó una medida similar en 2002- pero incidió, al igual que el presidente andaluz en su discurso final de ayer, en que la medida no es recaudatoria sino que busca dar fluidez al crédito. De hecho, se incluye en este impuesto deducciones específicas para las entidades que den apoyo a inversiones incluidas en el programa Andalucía Sostenible y para las obras sociales de las cajas.
El tercer impuesto con el que más se recaudará será el novedoso de las bolsas de plástico de un solo uso, que se cargarán directamente al usuario, y que se verán gravadas con 10 céntimos cada una, con una recaudación final de 95 millones de euros. Según Martínez Aguayo, el objetivo es que “desaparezcan” este tipo de bolsas y se conviertan de biodegradables o reutilizables.
La siguiente medida con más recaudación será el impuesto especial para determinados medios de transportes considerados más contaminantes, con la que se conseguirán 7,5 millones de euros. Le siguen la eliminación de las deducciones en impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en transmisiones de viviendas protegidas, con una recaudación de 6 millones de euros, además de la actualización de varias tasas, de las que se obtendrá algo más de medio millón de euros, mientras que otras medidas ni siquiera tendrán incidencia en la recaudación.
Un ahorro en las empresas públicas de 100 millones
La consejera de Hacienda también adelantó parte de la incidencia que tendrán las medidas sobre el sector público andaluz, aunque no será hasta la semana que viene cuando adelanten cuáles serán las 110 empresas públicas, de las 255 que tiene la Junta, afectadas por la reestructuración, con la que se pretende ahorrar en tres años 100 millones de euros, lo que implicará la reducción de 180 puestos directivos.
Martínez Aguayo, que descartó que se pueda producir la venta o la privatización de empresas públicas, destacó que la supresión de 110 empresas públicas por absorción, transformación, fusión o extinción no va a suponer “que desaparezcan sus empleados ni que se eche a nadie a la calle”, ya que se va a producir una “reestructuración” del sector público en el que 14 empresas públicas cambiarán su personalidad jurídica para “evitar duplicidades y mejorar la eficiencia”.
Por contra, sí que conllevará la “supresión inmediata” de 180 puestos directivos, si bien recordó que en general se trata de personas que “tienen otro puesto de trabajo en la empresa o son funcionarios”. Según indicó, el ahorro estimado con el proceso de reordenación del sector público empresarial alcanza los 100 millones de euros y se desarrollará en tres años.
Habrá entre 160 y 170 vehículos oficiales menos en la flota de la Junta
Entre las medidas anunciadas por Griñán y que afectarán directamente al funcionamiento de la Administración también está la reducción de la flota de vehículos oficiales de la Junta, que según la consejera de Hacienda implicará que se den de baja “entre 160 y 170 vehículos” que serán “enajenados y vendidos” en un proceso que se desarrollará “poco a poco” y que debe estar concluido “antes de fin de año”.
Según explicó, la Junta va a revisar el catálogo de vehículos oficiales para reducir su cilindrada y su gama con el objetivo de lograr un “menor consumo de gasolina y mayor eficiencia energética”, mientras que también va a retirar vehículos con “bajo uso”, inferior a los 15.000 kilómetros, que se utilizan en trabajos por turnos. Además, se restringirá su uso y se reducirán en un 10% el volumen de dietas de la actualidad.
