SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía inició el pasado mes de marzo, en el marco de su Plan de Inspección de Consumo, la campaña de control de establecimientos de restauración, una iniciativa de ámbito autonómico que realizan los Servicios Provinciales de Consumo de las Delegaciones Territoriales de Salud y Consumo dirigida a comprobar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable al ámbito de la restauración, que se prolongará hasta el mes de diciembre y que prevé la inspección de al menos 1.000 establecimientos de restauración a lo largo de este año.
En concreto, con esta campaña se controlarán, entre otros aspectos, el cumplimiento de la normativa autonómica de hojas de quejas y reclamaciones, referente a la existencia de la mismas y a su cartel anunciador, así como que la información sobre los servicios que se ofrecen se correspondan con el precio final completo, incluidos los impuestos, y el cumplimiento de la norma vigente en materia de defensa de las personas consumidoras en el ámbito de los servicios de restauración, incluyendo el control para evitar la comercialización de productos de pesca no autorizados.
También se controlará el cumplimiento de la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva, en relación con las aceiteras; o el cumplimiento de la legislación sobre alérgenos e intolerancias, según ha detallado la Junta en una nota este domingo.
En particular, se vigilará que no aparezcan indicaciones como precio según mercado (S/M); que la venta de productos de charcutería, queso, o productos susceptibles de ser cortados de una pieza principal se efectúa por unidades de peso; que la oferta de moluscos o crustáceos se realiza por peso o por unidades y se indica, en este último caso, su número.
También, que se entrega factura o justificante de pago con su contenido obligatorio; que el establecimiento puede acreditar la trazabilidad de sus productos; que se dispensa agua no envasada de manera gratuita por parte del establecimiento, y que, si se cobra el servicio de pan y picos o de aperitivos, su coste viene reflejado en la carta o lista de precios.
La campaña de inspección de restauración llevada a cabo en 2022 se saldó en la comunidad autónoma con 1.183 actuaciones inspectoras en 642 establecimientos visitados. El personal inspector detectó incumplimientos en 116 casos, un 17,9% del total.
Los incumplimientos detectados por el personal inspector estuvieron relacionados, en su mayoría, con la no disposición en el establecimiento de la hoja de quejas y reclamaciones; con no tener expuestos los precios de comidas y bebidas; con el hecho de que las cartas de comidas y bebidas o las listas de precios no se encuentran situadas tanto en el exterior como en el interior del restaurante, y también con el hecho de que en los establecimientos que sirven en mesa no se entrega, antes de la prestación del servicio, una carta o lista que contenga la totalidad de lo ofertado, con mención expresa de los productos, servicios y precios.
Además, se detectaron incumplimientos por no atender la obligación de venta por unidades de peso cuando se ofertan al público productos de charcutería, queso u otros productos susceptibles de ser cortados de una pieza principal; y por no atender la obligación de venta en peso o por unidades cuando se ofertan al público moluscos o crustáceos.
Desde la Junta han remarcado que, ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias impulsado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.
Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página www.consumoresponde.es, del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es; y de los perfiles de Twitter (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).
También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.
