A pesar de la comunicación, las trabajadoras mantienen la huelga indefinida convocada a partir del próximo 8 de febrero en protesta por los continuos retrasos en el abono de los salarios. Como ejemplo de esta situación, Carmen López señala que la nómina de diciembre no se pagó hasta los días 17 y 18, y la paga extraordinaria de Navidad no la recibieron las trabajadoras hasta el 23 de diciembre.
Las empleadas de Ayuda a Domicilio temen que, si realmente se cumple lo indicado por la edil de Bienestar Social para este mes, el problema se vuelva a repetir en los meses posteriores, “porque la empresa no nos da certeza de pago”, puntualiza la representante sindical.
“Cuando se lleva [la empresa] uno o dos meses pagando las nóminas a tiempo, al tercer mes vuelven los problemas”, se lamenta Carmen López que recuerda que esta situación se viene repitiendo desde junio de 2008.
La trabajadora de Ayuda a Domicilio insiste en que “hay que dar una solución definitiva a los retrasos en el pago de las nóminas” y destaca que “la Junta de Andalucía dice que paga puntualmente por la Ley de Dependencia”.
En diciembre de 2009, el Ayuntamiento de El Puerto abonó a Claros 133.303,67 euros, de los que 104.389,67 fueron por los servicios de Ayuda a Domicilio, correspondiendo 94.529,45 a la Junta por la Ley de Dependencia y el resto, 9.860,22, son aportados por el Ayuntamiento.
Durante el año pasado, según los datos de la Concejalía de Bienestar Social, la concesionaria recibió 1.599.644,04 euros, de los que 1.252.676,04 fueron por ayuda a domicilio.
Para este año las previsiones municipales contemplan un pago a Claros de 1.920.000 euros, de los que 1.500.000 corresponden al servicio de Ayuda a Domicilio.
El sistema burocrático empleado para el pago a la concesionaria por parte municipal es algo complicado, ya que las facturas llegan a Bienestar Social, que tiene que contabilizar las horas de trabajo y confirmarlas, posteriormente Intervención realiza un segundo control y después si procede, se autoriza el pago.
Precisamente por esta complejidad y por el la propia idiosincrasia del servicio (atención a personas con problemas de movilidad o enfermedad), Bienestar Social y Economía han decidido dar prioridad al pago de este servicio.
