“La Fiscalía de Menores está haciendo una clara dejación de sus funciones, porque no quiere ser la que formule una denuncia contra la Consejera de Educación, dejando la pelota en el tejado de los padres”. Ésa es la opinión de Carlos Seco, letrado de algunos de los progenitores que han presentado objeción contra la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC). El portavoz de la plataforma contra la asignatura en Cádiz capital, Antonio Sánchez, ha asegurado a este medio que “si la Fiscalía no lo hace, lo haremos los padres. Yo estoy dispuesto a presentar denuncia, aunque me gustaría consensuarlo con el resto de las plataformas en la reunión que mantendremos la próxima semana”.
El abogado hacía estas declaraciones a INFORMACIÓN tras conocerse que la Fiscalía de Menores de Sevilla ha decidido archivar las diligencias que empezó hace un mes aproximadamente con objeto de conocer las circunstancias que provocaron la publicación en el BOJA de 81 nombres de menores cuyos padres habían presentado objeción contra la polémica asignatura. Éste ha sido finalmente el resultado de un proceso que se inició a raíz de un escrito presentado en la Fiscalía de la capital de Andalucía por el Partido Popular y por cinco padres objetores de Sevilla que vieron como los nombres y apellidos de sus hijos aparecían publicados en el BOJA. Ambas partes se vieron obligados a tomar la iniciativa (a la que sumó el Defensor del Pueblo Andaluz), cuando el Ministerio Público aseguró que no actuaría de oficio.
Efectuadas las investigaciones, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, anunció ayer que para el Ministerio Público tiene “mayor relevancia” la defensa de la privacidad de los menores, a la reparación del daño por la vía judicial (irreparable por sí mismo), ya que el revuelo mediático que podría propiciar el proceso, “agravaría aún más la vulneración de la intimidad de los jóvenes afectados”.
En cualquier caso, la Fiscalía reconoce una vulneración del derecho antes señalado por parte de la Consejería de Educación, aunque se da por satisfecha con el cese de la funcionaria técnica que intervino directamente en la aparición de las identificaciones.
Carlos Seco ha calificado la decisión de “irrisoria y ridícula”, porque el trabajo de la Fiscalía de Menores “es garantizar la protección de este colectivo, y si observa algún daño, su función es tomar medidas”. El abogado añadió que Menores “toma a diario declaración a los chavales por distintas causas, y que yo sepa, en el resto de los casos no se habla de vulnerabilidad del derecho a la intimidad o privacidad”.
En cuanto a la profundización en el daño en el caso de que la Fiscalía siguiera su camino y denunciara a la Consejera, Seco asegura que no haría falta llamar a declarar a los menores, “porque no hay que perder de vista que los actores de la denuncia son los padres, sus tutores legales, y no los niños”. De este modo, letrado mantiene que lo que se esperaba de la Fiscalía era que ésta “presentara denuncia contra la consejera y que el juez decidiera al respecto”.
Con todo, el letrado sostiene que la Fiscalía ha dejado a un lado “la protección de los menores”, para proteger “a la máxima responsable de Educación de la Junta, Teresa Jiménez Vílchez, que es a la que se le tendría que exigir responsabilidades y no a un funcionario, como se ha hecho”. Dadas las circunstancias, Seco considera que la única alternativa que les queda a todos los padres afectados es presentar denuncia contra Jiménez Vílchez.
Por su parte, el portavoz de la plataforma de Familias Objetoras de El Puerto de Santa María, Guillermo Carrero Blanco, ha calificado de “asombroso que, reconociendo el daño, impidan su reparación”. A esto agregó que “en todo caso los que tendríamos que ir a juicio seríamos los padres”.
cifras
Los padres llevan 18 meses de lucha
A día de hoy, los padres de la provincia han presentado ya más de 1.600 objeciones de conciencia, para las que se han decretado 35 medidas cautelares. Además, se han presentado 81 recursos y esto sin contar las objeciones y recursos que se hayan presentando sin pasar por las plataformas.
De momento, las únicas comunidades autónomas que admiten el derecho a la objeción son Madrid y Castilla-León. Andalucía por su parte, de momento no admite este derecho a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido una serie de sentencias u autos favorables a los padres objetores.
Solo Madrid y Barcelona superan a Andalucía en el número de objeciones presentadas, seguida de la Comunidad Valencia y Murcia.
