La Diócesis de Almería ha solicitado la paralización del desalojo del asentamiento chabolista de El Walili en Níjar (Almería) autorizado para el próximo 30 de enero por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Almería a petición del Ayuntamiento de Níjar, puesto que consideran que "no se dan las condiciones mínimas para llevarlo a cabo", sentido en el que han reclamado que "se abra un proceso de diálogo y mediación entre las partes enfrentadas".
"Deseamos la erradicación total del chabolismo y de otras formas de infravivienda. Insistimos en que cualquier desalojo deber ir asociado a un realojo digno y razonable. De lo contrario, se estarían violando derechos fundamentales de las personas", han trasladado en un comunicado desde el Secretariado diocesano para las Migraciones del Obispado de Almería.
Así, han insistido en su propuestas ante la necesidad de "claridad" en un proceso "informado, con deliberación pública y participación de todas las personas interesadas, buscando siempre el bien común y el respeto de los derechos humanos".
La entidad eclesiástica ha recordado que en el asentamiento chabolista residen "varios cientos de personas" sin que el Ayuntamiento de Níjar "les haya proporcionado una alternativa habitacional viable" frente al desalojo previsto a final de mes y la demolición de las chabolas.
En este sentido, han mostrado sus reservas ante la alternativa habitacional propuesta por el Consistorio nijareño, que "parece consistir en un albergue temporal" del que "se ignora el número de plazas" y que posteriormente se completa con "62 viviendas temporales, aún en construcción en el polígono de Los Grillos, con un tiempo de estancia máximo de dos meses".
Frente a ello, han recordado que desde el mes de diciembre, los residentes de El Walili han manifestado públicamente su oposición a este plan, a través de diversas protestas como marchas, concentraciones y cortes de carreteras, la última de ellas a través de la manifestación del pasado domingo.
"Las personas que residen en El Walili viven este proceso con incertidumbre, tensión, sospecha y miedos. Ven amenazado su frágil espacio vital y consideran que no hay una alternativa razonable para ellas. No parece que, a lo largo del proceso, se les haya considerado como sujetos adultos y protagonistas de su historia", han valorado desde el Secretariado diocesano para las Migraciones.
La entidad incide además en que la "tensión ha ido creciendo en las últimas semanas, hasta el punto de que, en este momento, nos encontramos ante una situación muy preocupante".
"Aunque el Ayuntamiento de Níjar ha venido trabajando en esta cuestión desde hace años, se constata falta de claridad en la información, de rigor en las propuestas y de una genuina deliberación pública", con lo que "a falta de pocos días para la fecha del desalojo, sigue percibiéndose demasiada improvisación".
Aunque desde la Diócesis se ha reconocido que el Ayuntamiento de Níjar ha realizado este plan en colaboración con algunas entidades sociales y con parte del tejido empresarial, sostienen que el proceso "muestra serias limitaciones en cuanto a la claridad de las propuestas, a la fluidez del diálogo y a la continuidad de la intervención social".
El auto, dictado el pasado 17 de enero y sobre el que cabe recurso de apelación, autoriza al Ayuntamiento de Níjar a entrar en el paraje, también conocido, para hacer efectivo el desalojo forzoso y precinto de las infraviviendas contempladas en el decreto municipal emitido por el Consistorio el pasado mes de noviembre, si bien la autorización cuenta con un mes de vigencia desde el día siguiente a su emisión.
La juez apunta que, conforme el expediente municipal, en el polígono 215 del Paraje Los Nietos existen una serie de infraviviendas, tipo chabola y edificaciones en estado ruinoso, sin licencia municipal de obras, que "representan un peligro inminente para las personas".
Con ello, ven "riesgo de derrumbe" al carecer las construcciones de solidez estructural; "de incendio", como los que se produjeron en mayo de 2021 y marzo de 2022; y de "explosión y electrocución" ante los enganches ilegales de electricidad "sin protección y precarias cocinas de gas butano sin ventilación", a lo que se une además los "pozos negros, con vertidos de residuos y aguas fecales al subsuelo".
La resolución judicial que el 20 de septiembre del pasado año ya se dictó un decreto por el que se ordenó el desalojo de los moradores del Walili y el precinto de las instalaciones, lo que conllevó a un desalojo parcial el 8 de noviembre. No obstante, el gobierno local dictó otro decreto para ordenar la demolición de las chabolas y fijó el 30 de enero para esas tareas.
El decreto se trasladó a los moradores identificados por la Policía Local si bien también se publicó en BOE el 6 de diciembre, aunque la inspección realizada en la zona por los agentes el 10 de enero permitió comprobar que muchos "han vuelto a entrar en las infraviviendas, haciendo caso omiso a la orden de desalojo practicada" y "negándose a abandonar las instalaciones precarias".
