La pandemia ha rebajado un 30% la actividad en las autoescuelas que sufren, además, un colapso administrativo que mantiene, solo en la provincia, a 11.000 aspirantes a la espera de hacer la prueba para conseguir el carné de conducir. Pero, pese a la gravedad de la crisis que atraviesa el sector, no aparece entre los 95 que podrán optar al plan de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial diseñado por el Gobierno. “Es un jarro de agua fría”, admite el presidente Antonio Herrera Marrufo, representante de la asociación comarcal de Jerez. “No entendemos la razón”, admite.
Igualmente estupefacto se muestra Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajos Autómos (ATA), frente a la cámara. El vídeo se puede ver en Youtube. Amor enumera en la grabación, realizada el pasado domingo, y en apenas dos minutos, el buen montón de contradicciones que contiene el documento aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes 12 de marzo y que excluye como beneficiarios a unos 200.000 trabajadores por cuenta ajena y pequeñas y medianas empresas en el conjunto de España; en torno a 40.000 de ellos, en Andalucía; unos 5.000 en la provincia, según estimaciones de la organización.
“¿Qué criterios objetivos se han seguido para que una empresa de alquiler de vehículos pueda acceder a una ayuda y, sin embargo, una empresa que alquila bicicletas se quede fuera?”, se pregunta, al tiempo que aclara que “no estamos pidiendo café para todos”, pero sí que se atienda a todos los afectados por las restricciones impuestas para frenar los contagios.
Entre ellos, y que ahora no tienen cobertura, Amor cita academias, formación no reglada, comercios de souvenirs, decoración, repuestos de automóviles, talleres mecánicos, bodegas, jugueterías, floristerías o actividades artísticas y literarias.
Apunta un sector más, centros de estética y peluquerías, que, como explica en su intervención, se queda sin fondos, mientras que las casa de apuestas sí podrán optar a la subvención.
“Acumulamos pérdidas del 35%, con una caída de la facturación de 1.400 millones de euros en España”, explica Daniel Orego, uno de los organizadores de las movilizaciones trimestrales que lleva a cabo el gremio en la provincia reclamando la rebaja del IVA de sus servicios al 10% en lugar del actual 21%. “Han cerrado ya unos 20.000 establecimientos, casi la mitad y se han destruido 40.000 empleos”, añade. “¿Cómo puede ser que el Gobierno no considere que hemos resultado perjudicados por la crisis? Este olvido es la puntilla”, exclama.
Orego, cuyos vídeos en Facebook denunciando la situación que atraviesan los profesionales suman hasta 70.000 reproducciones en algunos casos, lamenta que el sector sufre discriminaciones desde la irrupción del coronavirus y recuerda que en marzo pasado, con el confinamiento duro, “fuimos declarados inicialmente esenciales y, posteriormente, tanto con las restriucciones de movilidad como la reducción de la clientela”, han padecido las decisiones erráticas de las administraciones. Hoy, Cádiz, Jerez y Algeciras, con el resto de principales ciudades del país, acogen nuevas manifestaciones. “Nuestra lucha es la reducción del IVA”, subraya, recuperar el tipo que “fue arrebatado” por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 “de manera temporal” y que PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a recuperar en la oposición pero no lo han hecho cuando accedieron al poder.
Movimientos como la Plataforma de Peluqueros Unidos o Creer en Nosotros trambién respaldan sus reivindicaciones, que suman ahora la inclusión en el decreto de ayudas directas del Gobierno. Autónomos Unidos se adhiere a la causa y mantiene una actividad frenética para que tanto Gobierno como Junta pongan a disposición de trabajadores por cuenta ajena y pymes en general recursos para llevar a cabo “un rescate” que evite la catástrofe. “Se nota la desescalada, pero la actividad está fría porque hay temor a una cuarta ola”, sostiene Alfonso Cerrato, presidente nacional de la organización. Cerrato es muy crítico con las ayudas concedidas a Air Europa, “porque salvar cada empleo costará 200.000 euros”, pero lo es más aún con la Administración autonómica. “De los 190 millones de euros que ha movilizado, solo ha repartido 89, algo menos de la mitad”. “La última línea de subvenciones anunciada en enero, con 46,1 millones, ni tan siquiera se ha convocado”, denuncia.
