Dolores Moncada no celebró Nochebuena ni Navidad. Desde el 21 de marzo, fecha en la que recibió la fatal llamada que le comunicaba la muerte de su padre, contagiado por Covid en la residencia de mayores de Alcalá del Valle y evacuado solo 48 antes al hospital de Villamartín, se halla atrapada en una pesadilla. Residente en Francia, vive atormentada por el recuerdo de aquellos aciagos días y espera aún las respuestas a las preguntas que le atormertan sin tregua: quién y por qué no decidió el traslado antes al centro hospitalario, cómo se realizó el viaje, qué seguimiento se hizo a su estado de salud, qué papel que jugaron los facultativos de Alcalá del Valle, el propio alcalde, que no le saludó la última vez que se cruzó con él en el pueblo, o la directora de la residencia. A mediados de junio, formalizó una demanda contra el geriátrico. Pero no ha recibido respuesta. El silencio le pasa factura. Está agotada. “Miro la urna con las cenizas de mi padre, me siento en el sofá y lloro”, reconoce. No solo le ahoga la pena. También la impotencia. Y el pánico por el coronavirus. “Cuando mis hijos salen...”. Se interrumpe. “Trabajo con mascarilla aunque aquí no la lleva todo el mundo. No quería que vinieran a casa familiares...”.
La vulnerabilidad de las residencias de mayores quedó patente en la primera ola. El Ejecutivo autonómico tuvo que tomar las riendas en las instalaciones de la Cruz Roja, en San Fernando; Nuestra Señora de los Remedios, en Ubrique; y La Marquesa, en Jerez. También se vio obligado a evacuar a los mayores de las instalaciones municipales de Alcalá del Valle a La Línea, donde permanecieron más de un mes, tras once muertes. En esta segunda, ha hecho lo propio con la residencia de Lago de Arcos y aún sigue medicalizado el centro de Adema en Cádiz.
“Creía que habíamos aprendido la lección, pero no”, afirma. Afectado por la enfermedad respiratoria EPOC, Dolores insiste en que la muerte Mateo Moncada, de 79 años, se pudo evitar y confía en que se depuren responsabilidades. Los expertos, por su parte, esperan que este tipo de episodios lleve a corregir, mejorar y reforzar el sistema público de asistencia. Javier García Monlleó, presidente de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología, reclamó un nuevo modelo de residencia medicalizada, con un médico, servicio de farmacia, enfermería 24 horas y un gran espacio que se pueda dividir en salas para aislamientos si fuera necesario, con fisioterapeutas, conexión directa con el hospital de referencia, equipos para hacer análisis de sangre e incluso el instrumental necesario para hospitalizaciones de carácter leve. La Administración autonómica no ha dado pasos en ese sentido y lo fía todo, por el momento, a la medicalización temoral y a la vacuna. Este domingo, residentes y trabajadores comenzarán a recibirla. “Para mi padre llega tarde”, agrega Dolores. Para el resto de las 146 víctimas mortales en este tipo de centros en la provincia de Cádiz, también.
