La Fiscalía General del Estado considera necesaria una Ley integral de igualdad de trato y no discriminación, junto a una reforma del Código Penal, que incluya como motivos de discriminación: la aporofobia (odio al pobre), el origen nacional --para evitar la discriminación contra los migrantes-- o el origen territorial dentro de España, es decir, por ser catalán, vasco o andaluz.
"La inclusión de la aporofobia como motivo de discriminación resulta imprescindible, por razones de justicia y porque su inclusión viene siendo demandada por la propia sociedad civil", precisa la Fiscalía en su Memoria de 2019, publicada esta semana.
Según señala, los pobres son "el sector de la población más
desprotegido y en mayor situación de exclusión social". Por ello, recuerda que el odio a estas personas ya está expresamente contemplado en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
También pone de relieve que desde las secciones de delitos de odio se hace un seguimiento de los delitos motivados por aporofobia y existe una circular de 2019 que insta a estudiar en estos supuestos la posibilidad de apreciar la existencia de un delito contra la integridad moral u otra agravante, como la de abuso de superioridad.
Ya en el anteproyecto de Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, se da una nueva regulación a los delitos de odio, incorporando la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales.
Por otro lado, la Fiscalía propone incluir en la ley como otro motivo de discriminación el origen nacional y ascendencia ante los "cada vez más comunes" casos de discriminación contra personas de origen extranjero que han adquirido la nacionalidad española y que afectan, por tanto, a las segundas y sucesivas generaciones de descendientes de migrantes.
Igualmente, la Fiscalía llama a incluir como motivo de discriminación el idioma y el origen territorial dentro de España lo que, a su parecer, permitirá abarcar delitos cometidos contra otras personas "por ser catalán, vasco, andaluz, etcétera".
Actualmente, según recuerda, son enfocados como supuestos de discriminación por etnia, entendida como conjunto de personas que tienen una historia, lengua y cultura comunes, pero la Fiscalía cree que "quedaría mucho más claro si se recogiese ese motivo específico de discriminación".
Otras causas de discriminación que la ley debería contemplar, según la Fiscalía, son: el aspecto físico para acabar con "los casos de discriminación por obesidad que en algunos casos se producen"; el antigitanismo (odio a los gitanos) y el antisemitismo (odio a los judíos).
Según la Memoria de la Fiscalía, en 2019 "no se ha producido un significativo aumento" de la delincuencia vinculada a los delitos de odio, a excepción de aquellos relacionados con la ideología, esencialmente política.
No obstante, precisa que el número de procedimientos judiciales controlados por las secciones de delitos de odio y contra la discriminación "ha aumentado notablemente como consecuencia del
mayor y mejor control de los procedimientos incoados".
PROCLAMAS POLÍTICAS QUE DISCRIMINAN A LOS MIGRANTES
La Fiscalía lamenta que los políticos lanzan "sin el menor recato" proclamas "claramente discriminatorias", por ejemplo, contra los migrantes, y advierte de que "la disputa política, ni siquiera en el tiempo electoral, puede justificar la incitación al odio", recordando una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de 16 de julio de 2009.
"El Tribunal no niega que los partidos políticos tienen derecho a defender públicamente sus opiniones, incluso si algunas de ellas ofenden, chocan o inquietan a una parte de la población. Pueden, pues, resulta evidente, recomendar soluciones para los problemas relativos a la inmigración. Sin embargo, deben evitar hacerlo promoviendo la discriminación racial y recurriendo a expresiones o actitudes vejatorias o humillantes", subraya la Fiscal General del Estado.
