El coordinador regional de IU, Diego Valderas, quien manifestó ayer en rueda de prensa que el decreto ley planteado por el Gobierno andaluz "no tiene el visto bueno" de su partido, criticó que exista una "gran pinza" entre PSOE y PP con el fin de "posicionar la banca andaluza al servicio del capital".
Valderas destacó la "importancia" de fortalecer el sector financiero en la región y de que la obra social de las cajas de ahorros cumplan su papel de "servicios de lucha contra la crisis".
"No se puede tirar la toalla de crear una gran caja del sur", manifestó, y a este respecto lamentó que el Gobierno andaluz haya "aparcado" el debate sobre la caja única.
Valderas también denunció la "urgencia" con la que se está tramitando la reforma de la Ley de Cajas -con la que se facilitará la fusión iniciada entre CajaSur, Unicaja y Caja de Jaén-, y defendió que el futuro del sector financiero andaluz pase por una mayor representatividad institucional.
En este sentido, el portavoz de Economía de IU, Pedro Vaquero, indicó que, entre las enmiendas que su partido presentaría al texto de la Junta -en caso de que se tramitara finalmente como un proyecto de ley-, se encuentra la de que Andalucía "vaya hacia la banca pública en base a las cajas de ahorros".
También defendió la "necesidad" de reglamentar "mejor" la transición del número de consejeros hasta su confirmación definitiva, y el mantenimiento del periodo de mandato en cuatro años, en lugar de seis como establece el decreto ley, así como de la autorización parlamentaria para las fusiones interterritoriales (el nuevo texto sostiene que éstas podrían efectuarse sólo con la aprobación de la Junta).
A las anteriores enmiendas que el grupo de IU presentaría al texto del Gobierno andaluz se sumaría la de mantener la minoría de desbloqueo de cuatro quintos para la aprobación de las cuotas participativas, en lugar de los dos tercios que plantea el decreto.
Por último, Vaquero sostuvo que la reforma de la Ley de Cajas debería garantizar que en los consejos de administración de estas entidades se encuentren representantes de todos los grupos parlamentarios que tengan al menos el cinco por ciento de los votos.
