La empresa tecnológica El Puerto Global informa mediante un comunicado de prensa que tras la consulta realizada el pasado 24 de abril de 2020 a la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego de la Junta de Andalucía, esta semana se ha recibido el informe valorativo no vinculante que concluye que “la causa fundamental” de los informes de reparo de la Intervención es que “los convenios celebrados por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María con El Puerto Global no han sido adaptados a la nueva regulación aplicable a los convenios introducida por la Ley 40/15 de 1 de octubre”, y que “el incumplimiento de la normativa vigente y la falta de adaptación de los convenios al nuevo marco jurídico, debió ponerse de manifiesto con ocasión de la fiscalización previa de la aprobación y compromiso del gasto derivado de las prórrogas de los convenios”, concluyendo también que “la relación jurídica existente entre el Ayuntamiento y El Puerto Global no se sustenta en el adecuado instrumento jurídico”.
Sostienen que el informe también valora con respecto a los presupuestos para los convenios una desviación de 45.086,69 euros en el ejercicio de 2019, si bien El Puerto Global aclara que los criterios de contabilización aplicados por la propia Intervención no coinciden con el ejercicio fiscal de El Puerto Global, que tal y como se ha comunicado oficialmente al Ministerio de Hacienda arroja un superávit de 17.700,96 euros en 2019, gastando menos de lo presupuestado para 2019.
Igualmente, el informe valorativo pone de manifiesto que todos los sucesivos problemas y reparos traen causa o derivan de la falta de adecuación de las encomiendas de gestión. El Puerto Global ha querido informar, que la principal prioridad que tiene la empresa ha sido normalizar y adecuar las encomiendas de gestión de Suvipuerto y El Puerto Global.
En este sentido, en octubre se iniciaron los trabajos, que están precisamente pendientes de opinión de la Intervención Municipal. Por último, el informe finaliza apuntado que la apreciación de cualquier nulidad corresponde a los asesores legales del Ayuntamiento como órgano competente por razón de la materia.