La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Tarifa han abierto en plena crisis sanitaria por el coronavirus una nueva batalla en la guerra del agua en Atlanterra. La Administración autonómica acordó el pasado miércoles 22 de abril la apertura de un periodo de información pública del proyecto de urbanización del estudio de detalle Unidad de Ejecución de la U.A.1, promovido por Inmobiliaria del Sur S. A. La firma tiene el proyecto, al que se oponen movimientos vecinales y ecologistas, de levantar un hotel con capacidad para 500 habitaciones en estos terrenos en primera línea de playa ocupada por el Zahara Atlanterra hasta hace más de dos décadas, cuando fue demolido por orden del Ministerio de Medio Ambiente en 2002 al catalogarlo como construcción ilegal.
El Consistorio ha aportado al Ejecutivo regional la documentación requerida para seguir con la tramitación para obtener la Autorización Ambiental Unificada (AAU), consistente en el informe técnico elaborado por la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas, FCC Aqualia, que garantiza el abastecimiento, el saneamiento y la depuración en el futuro.
Aunque FCC Aqualia lo garantiza con una serie de condicionantes que habrá que cumplir para que sea posible la viabilidad. En primer lugar, observa la necesidad de acometer obras de ampliación de la estación depuradora de Atlanterra para el pretratamiento, dado que actualmente “se encuentra al límite de su capacidad, produciéndose de forma continuada el desbordamiento en el periodo estival, cuando aumenta el caudal tratado”, y tampoco dispone de equipos para separar las arenas y grasas.
Por otro lado, señala la obligatoriedad de implantar una conducción hasta la EDAR para la evacuación de aguas residuales. Y, finalmente, declara que “no existe inconveniente por nuestra parte para suministrar el caudal” demandado por esa unidad de ejecución, estimado en unos 208 metros cúbicos al día, pero advierte de que el recurso está disponible en la presa de Almodóvar, ubicada en Facinas, y en los distintos manantiales de la localidad, “por lo que deberán realizar las infraestructuras necesarias para la captación, potabilización y posterior conducción a la zona de consumo”.
Estos trabajos están en la actualidad en proyecto. Concretamente, se contemplan en el Plan Especial de Infraestructuras de Abastecimiento de Agua de Atlanterra-Tarifa, pendiente de aprobación definitiva, y que cubriría la demanda del sector UA1 y también el SA-1 Cabo de Plata, donde la inmobiliaria Grupo Q proyecta desde el año 2008 la construcción de una macrourbanización, con hasta mil viviendas, y un campo de golf.
La Asociación de Vecinos de Atlanterra considera, sin embargo, que el Plan Especial de Infraestructuras es “inviable por la falta de capacidad de almacenamiento del pantano de Almodóvar”.
En este sentido, cita un documento firmado por el entonces delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Ángel Acuña para la Secretaría General de la Consejería en el que asegura que, “tras diversas reuniones entre el Ayuntamiento de Tarifa y la Oficina de Planificación Hidrológica y contactos a distinto nivel con los redactores del proyecto, se determina estudiar otras alternativas como el abastecimiento al núcleo de Atlanterra a través del Consorcio de Aguas de Zona Gaditana, dada la limitada capacidad del embalse de Almodóvar y al importante aumento del consumo previsto tras la incorporación de la urbanización Atlanterra al sistema de agua regulada de Tarifa para poder así garantizar el aumento del suministro al conjunto del territorio”.
Con posterioridad, el secretario general provincial, Juan Gervilla, también insistió en la necesidad de garantizar el suministro, recomendando al Ayuntamiento complementar el abastecimiento al núcleo de Atlanterra a través del Consorcio, remarcan los portavoces de la asociación.
Y, por último, acuden al acta de recepción de parte de Atlanterra por el Ayuntamiento en el que se compromete Aqualia S. A. a procurar y disponer del suministro que fuera necesario a los efectos antes señalados, a cuyos efectos pone de manifiesto que le consta la disposición del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana para suministrar el agua que fuera necesaria para atender las necesidades de la Urbanización. (…) Lo anteriormente manifestado no habrá de implicar en ningún caso la integración de este Ayuntamiento en el referido Consorcio”.
El alcalde, Francisco Ruiz (PSOE), admite, por su parte, que ha tratado hasta en tres ocasiones la incorporación del municipio al ente, la última justo antes del decreto del estado de alarma por la pandemia, porque la localidad no pertenece al ámbito geográfico a la demarcación hidrográfica Guadalete-Barbate, pero no ha sido posible. No obstante, asegura que “lo seguiremos intentando porque, si disponemos de más agua, podremos reequilibrar recursos”.
No obstante, Ruiz indica, desde el respeto a los argumentos esgrimidos por la Asociación de Vecinos de Atlanterra, que “hemos estado en contacto permanente con la Delegación Territorial de Medio Ambiente y la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos” para determinar la mejor alternativa de suministro a los dos sectores pendientes de urbanización, que en este caso es la instalación de una nueva tubería, cuya instalación cuenta con un presupuesto de unos 900.000 euros. Es, remarca, “la solución más rápida y menos costosa”. Hasta el punto de que espera que este mismo año se inicien los trabajos de conducción.
Por otro lado, asegura que la opción del pantano de Almodóvar es la planteada por FCC Aqualia y que así se determinó en el Plan Especial de Infraestructuras.
Efectivamente, el documento, aprobado parcialmente y pendiente únicamente de resolver las alegaciones, descarta la denominada alternativa 0, consistente en la no redacción del Plan Especial de Infraestructuras por no garantizar suministro. “En esta alternativa –explica el proyecto- el abastecimiento al sector debería producirse con una conexión de su red interior de abastecimiento de agua a la red actual de abastecimiento del núcleo de Atlanterra, que se abastece en la actualidad con recursos procedentes de los pozos que la promotora del Centro de Interés Turístico, en el que tuvo su origen el núcleo de Atlanterra, posee en el término municipal de Barbate”.
Sin embargo, la Asociación de Vecinos de Atlanterra presentó en febrero del año pasado las obras de instalación de una nueva canalización de agua potable desde la avenida Cabo de Plata hasta las nuevas viviendas situadas en el sector SA-1 Cabo de Plata, que desarrolla el Grupo Q, al margen del Plan Especial de Infraestucturas. Según la denuncia, “la única conexión posible para esta nueva tubería de agua potable sería de la captación de los tres pozos de la Finca de la Obscuridad que suministra en la actualidad toda la zona de Atlanterra, y haciendo caso omiso a la propia declaración del Plan Especial (alternativa 0) se ha intentado realizar con la siguiente intervención de la Delegación de Medio Ambiente y Seprona”.
Asimismo, advirtieron de que los trabajos contravinieron la normativa medioambiental, provocando daños, dado que “el arroyo del Moral fue cruzado por la tubería, no calculando la sección hidráulica del cauce y obstruyéndolo, destrozando la numerosa vegetación de su ribera”, y un vertido de aguas fecales.
La pregunta que se formulan es si puede el actual desarrollo urbanístico seguir suministrando el suficiente caudal desde los tres pozos mencionados dado que el periodo estimado de duración en el desarrollo del Plan Especial de Infraestructuras es de dos años al menos.
Cabe recordar que el pasado verano, los vecinos de la urbanización de Atlanterra y los residentes en las zonas rurales del Almarchal, La Tahona y La Zarzuela llevaron a cabo movilizaciones a mediados de julio para protestar por el escaso caudal de agua que llega a sus viviendas y los reiterados cortes de suministro que los residentes atribuyen a una saturación de las infraestructuras.
