La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha señalado entre los próximos días 1 y 5 de junio el juicio con jurado popular contra el acusado de matar el 15 de octubre de 2018 de un tiro al guardia civil José Manuel Arcos Sánchez en Huétor Vega (Granada).
Así consta en el auto de hechos justiciables, que, dictado el pasado lunes, y al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que el juicio comienza el lunes 1 de junio, con la constitución del jurado, la declaración del acusado, para el que la Fiscalía pide un total de 23 años de prisión, y las testificales de cuatro guardias civiles, entre ellos la agente que lo acompañaba el día de los hechos.
Está previsto para este viernes a las 10,00 horas el sorteo de los 36 candidatos a jurado de entre los incluidos en la lista de la provincia a tal efecto, según hace constar también el auto, el cual detalla los hechos genéricos sobre los que habrá de decidir el tribunal.
La Fiscalía acusa al procesado, de 41 años, por la presunta comisión de seis delitos, por los que ha solicitado también el pago de multas por un total de 2.700 euros y de indemnizaciones por 334.000 euros.
El escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, se refiere a la presunta comisión de delitos de homicidio, dos de tenencia ilícita de armas, de robo y de hurto de uso de vehículo de motor ajeno, y leve de daños.
El caso se remonta al 15 de octubre de 2018, cuando el agente fallecido y su compañera, pertenecientes al Puesto de La Zubia, estaban prestando servicio de Seguridad Ciudadana sobre las 4,00 horas, a bordo del vehículo oficial, uniformados y con sus armas reglamentarias.
El fiscal mantiene que el acusado empuñó, en el marco de una persecución, "el arma a corta distancia del agente y, con intención de acabar con su vida, efectuó un disparo hacia la zona situada entre el abdomen y la ingle".
La persecución se inició cuando supuestamente "aceleró" tras dar el guardia civil, junto con la agente en prácticas que lo acompañaba, el alto al acusado después de que realizara "una maniobra que resultó sospechosa (...) probablemente porque manejaba un vehículo robado y porque portaba una mochila con un arma".
En el auto de hace un año por el que el Juzgado de Instrucción 5 de Granada acordó iniciar el procedimiento para que sea un jurado popular el que juzgue al acusado, el juez fijó una fianza de 150.000 euros para el investigado para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se le pudieran imponer en este proceso.
La Audiencia Provincial recibió la semana pasada el caso, cuyas actuaciones están recogidas en dos tomos con 662 folios, e incluye también una pieza separada de responsabilidad civil, de 19 folios, según consta en la diligencia de ordenación letrada de la Administración de Justicia, consultada por Europa Press. Se remitieron también cuatro cajas grandes de cartón y una bolsa de cartón de la Guardia Civil.
RELATO DE HECHOS
El juez detalló que, en el tramo de carretera hasta llegar a la travesía de la localidad de Huétor Vega, los agentes activaron los indicativos luminosos, "pero el vehículo en vez de parar aceleró su marcha entrando a alta velocidad en la población".
Viendo que no se detenía, activaron las señales acústicas y a través del micrófono externo se le conminó a hacerlo, aunque continuó conduciendo callejeando hasta que colisionó con otro vehículo que estaba estacionado.
El investigado "cogió una mochila y salió huyendo a pie", por lo que los agentes comenzaron a perseguirlo gritando varias veces "alto Guardia Civil, párate, párate".
En este contexto, el fallecido efectuó dos disparos intimidatorios al aire mientras el individuo entraba en la calle Tempranillo. En ese lugar el agente sacó su defensa extensible y dio indicaciones al presunto homicida para que se tirara al suelo, mientras su compañera "como podía le sujetaba".
El guardia civil le llegó a dar un golpe en la pierna, pero no cayó al suelo y logró huir. Comenzaron de nuevo la persecución pero "a la agente se le cayó el portófono al suelo, lo que hizo que perdiera distancia respecto a su compañero", por lo que empezó a guiarse por las voces de ambos, cruzando zonas ajardinadas.
Fue en ese entorno donde el investigado presuntamente cogió el arma reglamentaria del agente que le había dado alcance y tras un forcejeo entre ambos le disparó en la zona del abdomen, lo que posteriormente le causó la muerte. Relata el juez que su compañera observó "cómo caía al suelo y cómo el investigado comenzó a correr".
"La agente tiró la linterna al suelo, desenfundó, montó su arma y salió hacia el individuo que le llevaba unos 20 metros de distancia y efectuó un disparo intimidatorio al aire a la vez que gritaba 'alto'". En ese momento, el presunto homicida se dirigió hacia ella y supuestamente la disparó sin llegar a alcanzarla.
Posteriormente huyó con el arma reglamentaria del agente fallecido y se dirigió a un cortijo donde se escondió, se cambió parcialmente al menos la ropa y se apoderó de otro vehículo. Finalmente fue detenido sobre las 10,00 horas en un control policial. En el interior de la mochila que lanzó durante la persecución llevaba un subfusil.
PETICIONES DE PENA
En cuanto a las penas que solicitan las acusaciones particulares, el letrado Javier López y García de la Serrana, del bufete HispaColex, en representación de la familia de la víctima mortal, solicita 42 años y medio de prisión, la petición más alta; y la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la guardia civil que acompañaba al fallecido, pide 37 años.
Por otro lado, en lo referente a las acusaciones populares, la Asociación Unificada de Guardias Civiles pide 23 años, y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil se adhiere a la petición del fiscal. La defensa interesa la libre absolución.
