El Partido Independiente Valle del Guadiaro, mediante un comunicado, detalla que "con un buen criterio legal, para la eficiencia económica, la transparencia y también una medida anticorrupción que tiene establecida la ley de contratos para el sector público, a no ser para excepciones puntuales y justificadas en las contrataciones menores, se exige y es obligatorio la solicitud al menos de tres ofertas para cualquier contratación de servicios, obras o materiales".
Continúan explicando que por operatividad y agilización en la contratación menor, en las bases del Presupuesto municipal de cada año, se contemplaba como excepcionalidad, todas las contrataciones inferiores a 500 euros.
Cuando el PSOE de San Roque sacó mayoría absoluta, "contradiciendo el espíritu y eficacia de esta medida, la excepcionalidad, sin ninguna justificación de tipo operativo y eficiencia económica que lo recomendase, aumentó el límite hasta 5.000", una medida criticada hasta por la Intervención en el Presupuesto de 2016, primer año, que se implantó una medida, permitiéndose así "contratar a dedo, todos aquellos servicios, compras o inversiones inferiores a esa cantidad", especifican.
"Desde luego es lo que ha estado haciendo de forma habitual este equipo de Gobierno", ha declarado el portavoz y concejal de la formación, Jesús Mayoral, "motivo por el cual la contratación se ha seguido por intereses políticos con la consecuente pérdida económica del Ayuntamiento al salirse del marco de la libre competencia de las ofertas, para adjudicar a las más económicas".
"Este año ya es escandaloso", ha señalado Mayoral, "han eliminado el tope de los 5.000 euros para dejar de exigir las tres ofertas a todas aquellas contrataciones superiores también a 5.000 euros y en contra de la propia ley que aplica el Estado, tratando así de facilitar la contratación a dedo sin justificarse para todas las contrataciones menores, institucionalizando de esa forma la contratación opaca a dedo y con criterios políticos".
Desde el PIVG aseguran que "recurriremos esta medida que permite la discreción política a la hora de hacer las contrataciones a dedo en contra de los interés de las arcas municipales y que vulnera la propia ley de contratación del sector público".
"Nos felicitamos, y lo hacemos en extensión a la Interventora, que en orden a la transparencia y legalidad, esté poniendo reparos a estas contrataciones y nos asombra la permisividad o al menos de no definirse con la misma claridad, como se pone de manifiesto en los informes que se aportan de la Secretaria General de la que depende el departamento de contratación, que incluso informa a veces con criterios contradictorios a lo que repara la Interventora".
Por ello, "lamentamos desde el PIVG, que en este caso las dos habilitadas nacionales, no remen en la misma dirección de la transparencia y la legalidad, obviamente recurriremos porque coincidimos con los argumentos legales de la Interventora municipal".
