Los hombres imputados y condenados por un delito de maltrato podrán ser obligados por el juez a llevar siempre una pulsera electrónica con GPS para poder controlar sus movimientos y, de este modo, mejorar la protección de las mujeres amenazadas.
Para ello, el Gobierno aprobó ayer un acuerdo por el que se autoriza la activación del sistema de GPS y ha puesto a disposición de las comunidades autónomas un total de cinco millones de euros.
Está previsto que el sistema tecnológico, que contemplaba la ley integral contra la violencia de género, comience a funcionar en el año 2009.
Según ha anunciado hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, las pulseras “van a permitir aumentar la protección” de la víctimas y hacer un seguimiento de las órdenes de alejamiento dictadas por los jueces.
“Tanto los agresores imputados como los condenados por violencia de género podrán ser obligados por el juez a llevar siempre consigo la pulsera electrónica, lo que permitirá activar los sistemas de alerta en caso de que se vulneren las órdenes de alejamiento”, añadió.
El Gobierno aprobó, además, un programa de inserción socio-laboral para las víctimas de la violencia machista, dotado con casi doce millones de euros.
Teniendo en cuenta el número de participantes en el Programa de Renta Activa de Inserción por esta causa y el de mujeres que cuentan con medidas cautelares, orden de protección y sentencia, las posibles beneficiarias puede alcanzar las 8.324.
Las medidas previstas contemplan la atención individualizada a las desempleadas inscritas en los Servicios de Empleo por parte de profesionales, que acompañarán a la trabajadora en el desarrollo de su itinerario de inserción profesional y a su cualificación de acuerdo con las necesidades detectadas.
Comenzará, entonces, un programa formativo específico para favorecer la inserción laboral por cuenta ajena, trabajando tanto los aspectos personales, con acciones destinadas a elevar la autoestima y la motivación para el empleo, como los profesionales.
Además se ofrecerán incentivos para favorecer el inicio de una actividad por cuenta propia, a través de ayudas previstas para la promoción del empleo autónomo.
En cuanto a los incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia, se prevén subvenciones y ayudas para el establecimiento como trabajadoras autónomas o por cuenta propia, que se incrementarán hasta un 10% respecto a las fijadas para las demás trabajadoras.
Habrá incentivos asimismo para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género, como la modificación de la cuantía de la bonificación por la contratación indefinida a tiempo completo de las víctimas –125 euros/mes (1.500 euros/año)–, durante cuatro años desde la contratación o cuantía correspondiente si el contrato es a tiempo parcial.
AYUDAS PARA DESPLAZAMIENTOS
Para facilitar la movilidad geográfica motivada por la obtención de un nuevo empleo, también habrá ayudas destinadas a sufragar los gastos de desplazamiento, transporte de mobiliario y enseres, alojamiento, guardería y atención a dependientes, y a compensar diferencias salariales cuando el nuevo empleo aceptado implique una disminución de ingresos.
El Gobierno no convocará la Conferencia de presidentes autonómicos sobre violencia machista hasta que no terminen los trabajos de la subcomisión parlamentaria para el seguimiento, estudio y funcionamiento de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que durarán como mínimo cuatro meses.
Así lo manifestó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se aprobó un plan de inserción sociolaboral para las víctimas y la implantación a partir de 2009 de las pulseras de control para maltratadores.
