El Consejo de Gobierno, celebrado hoy en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), ha acordado la puesta en marcha de las medidas necesarias para la mejora de la seguridad en el acceso al dique exento de Bonanza por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
La Consejería, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), estudia fórmulas para relanzar el puerto de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda, que cuenta con una de las flotas más importantes de la comunidad autónoma con más de 115 embarcaciones. Actualmente, existe una zona de muelle situado en la ribera de apenas 120 metros, lo que obliga al cuerpo principal de la flota a utilizar un muelle exento, que no dispone de conexión con tierra, de 480 metros. Cada día, las tripulaciones deben cruzar los 136 metros que separan el dique exento del muelle de ribera en sus pequeños barcos, afrontando las corrientes propias del Guadalquivir o las condiciones meteorológicas, tanto en el embarque como en el desembarque, durante el día o la noche.
A pesar de que recientemente se ha realizado una actuación de iluminación y de mejora de las condiciones de seguridad en el dique exento, es también cierto que su posición y aislamiento de tierra obliga diariamente a todas sus tripulaciones a realizar una difícil travesía para poder llegar a las embarcaciones.
El puerto de Bonanza de Sanlúcar de Barrameda descargó 3.840 toneladas de pesca fresca en 2018, lo que supuso un récord de ventas en la lonja, con un valor en primera venta de 17,49 millones de euros. Eso supone un aumento del volumen de capturas del 13,55%, así como un 8,14% respecto al valor de su primera venta con respecto al año 2017.
La complejidad de la solución técnica a adoptar por las especiales singularidades de Bonanza hace aconsejable partir de un estudio previo que sirva, en primer lugar, para plantear diversas alternativas al sector pesquero al objeto de conocer su valoración sobre aspectos de eficacia y operatividad para la flota, y seguidamente para iniciar las consultas necesarias a aquellas administraciones con competencias concurrentes en esta actuación.
Los aspectos medioambientales, paisajísticos y los posibles efectos en la dinámica de litoral que la solución prevista pueda tener aconsejan realizar primeramente una serie de estudios que confirmen las alternativas propuestas. Por todo ello, el Consejo de Gobierno ha encargado a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio iniciar la contratación, por el sistema de pública concurrencia, de un estudio que pueda dar respuesta a las cuestiones y dudas que se plantean y aporte seguridad a la solución que finalmente se decida.
