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Córdoba

Investigan a Rafael Gómez por fraude a la Seguridad Social

Este nuevo proceso judicial abierto contra Gómez está en fase de investigación por lo que el Juzgado de Instrucción ha solicitado una serie de diligencias

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  • Rafael Gómez -

El Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba investiga una denuncia del abogado de la Seguridad Social contra el empresario y exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba Rafael Gómez por la supuesta comisión de otro delito de fraude a la Seguridad Social, según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Al respecto, según ha adelantado el diario 'ABC', este nuevo proceso judicial abierto contra Gómez está en fase de investigación por lo que el Juzgado de Instrucción ha solicitado una serie de diligencias a la Tesorería de la Seguridad Social.

En este sentido, en el recurso de apelación que el Ministerio Público ha elevado al órgano juzgador de la causa principal, el Penal número 3 de Córdoba, este proceso judicial abierto es uno de los extremos que aporta la Fiscalía para revocar su tercer grado concedido hace un mes.

El nuevo recurso del fiscal ha sido redactado en base a la desestimación del recurso de reforma e intenta desvirtuar las alegaciones del juez de Vigilancia Penitenciaria que justificaban la concesión de ese régimen de semilibertad del que se beneficia Gómez desde el día 4 de marzo.

Entre los puntos que alega el Ministerio Público contra la concesión del nuevo grado penitenciario, expone que el empresario no es una persona que por primera vez ha sido investigada, dado que le consta una condena saldada en la que eludió prisión con una multa en el caso Malaya en la Audiencia Provincial de Málaga y este tercer asunto del Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba de 2018.

Cabe recordar que Rafael Gómez lleva menos de un mes fuera de la prisión de Alcolea desde que el juez de Vigilancia Penitenciaria le concedió el tercer grado y en la que ingresó en diciembre de 2017 tras ser condenado a cinco años y tres meses de cárcel y una multa de cerca de 112 millones de euros como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por impago de casi 29 millones de euros.

No obstante, está pendiente la resolución del Penal número 3 sobre el recurso de la Fiscalía a la concesión del tercer grado. Fuentes judiciales precisaron que en este caso "la interposición del recurso no suspende la ejecución del auto", que aún no es firme, pero se trata de "un delito menos grave" para poder beneficiarse ya del tercer grado.

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