Las autoridades japonesas ejecutaron hoy a dos condenados a muerte, en el primer ajusticiamiento desde julio pasado y mientras más de cien reos están en el corredor de la muerte esperando su destino.
"El pueblo japonés considera que es inevitable tener la pena de muerte para los crímenes extremadamente crueles y viles", afirmó el ministro de Justicia, Takashi Yamashita, al dar detalles de estos hechos en una rueda de prensa.
"Se debe discutir bien sobre la abolición de la pena de muerte", insistió el ministro, que asumió sus funciones en octubre pasado, tras la última remodelación del gabinete del conservador Shinzo Abe.
Los ejecutados hoy fueron dos hombres, Keizo Okamoto, de 60 años, miembro de la Yakuza o el crimen organizado japonés, y un antiguo asesor financiero, Hiroya Suemori, de 67 años.
Ambos habían sido condenados a la pena capital por el atraco y el posterior asesinato de dos personas en la prefectura de Osaka en 1988.
"El caso fue extremadamente cruel e hizo temblar a la sociedad japonesa", afirmó el ministro Yamashita.
Los dos condenados a la horca habían secuestrado al presidente de una empresa de inversión, de 43 años, a quien previamente habían exigido 100 millones de yenes (792.000 euros al cambio actual).
Después de recibir el dinero, los dos delincuentes utilizaron un cable de televisión para ahogar al secuestrado. También fue asesinado, igualmente con un cable, un empleado de la misma empresa de inversión.
Los dos cadáveres fueron cubiertos con hormigón y abandonados en un bosque de la prefectura de Kioto.
El ministro dijo que este martes ordenó la ejecución de ambos reos después de estudiar "con mucho cuidado" si existía algún factor que podría impedirlo, incluyendo una posible revisión del juicio, lo que estaba descartado.
Okamoto y Suemori fueron ahorcados hoy en un penal de Osaka, donde estaban recluidos después de recibir su condena en 2004, con el cumplimiento de la sentencia aplazado hasta hoy.
Se trata del primer ajusticiamiento de condenados a muerte desde los que se llevaron a cabo en julio pasado, en dos tandas.
El día 6 de ese mes fueron ejecutados siete integrantes de la secta Verdad Suprema que atacó con gas sarín el metro de Tokio en 1995, entre ellos el líder del grupo, Shoko Asahara.
El 26 de julio fueron ajusticiados seis miembros de esa misma secta condenados a la pena capital por los mismos hechos, los últimos de ese grupo que recibieron la condena a muerte.
La secta fue responsable de un ataque considerado como uno de los primeros atentados de terrorismo moderno y el más mortífero en la historia de Japón.
El ataque mató a trece personas, decenas más quedaron en estado casi vegetativo y hubo 6.300 intoxicados.
En lo que va de año han sido ejecutados en Japón quince condenados a la pena capital. Se trata del número mayor de ajusticiados desde 2008.
Todavía quedan en las cárceles del país 110 reos condenados a muerte, de los cuales 86 están pendientes de la revisión de su proceso judicial.
Japón es frecuentemente criticado por mantener la pena de muerte, y organizaciones como la Federación de Asociaciones de Abogados han pedido su abolición y su reemplazo por cadena perpetua.
Pero el ministro de justicia cree que eso es "inapropiado" y considera que es un recurso que cuenta con el respaldo de las encuestas.
"Se deben considerar las condiciones diferentes de cada país, y tomaremos una decisión apropiada para hacer justicia", afirmó Yamashita.
