El médico Jesús Candel, conocido como "Spiriman" y uno de los impulsores de las protestas contra la derogada fusión sanitaria de Granada, ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo (TS) contra la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por prevaricación y malversación de fondos públicos.
Candel ha presentado la querella, con fecha de ayer, en calidad de presidente de la asociación "Justicia por la Sanidad" y ha sumado al relato de hechos de su letrada una veintena de documentos.
El médico ha acusado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de los posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos y ha argumentado que se formaliza ante la Sala de lo Penal del Supremo porque "la justicia no es igual para todos".
"Esperamos que el Supremo actúe porque a mí me están juzgando por llamarla hija de puta, que no es un delito, y sí lo es la prevaricación", ha explicado "Spiriman".
El médico ha relatado el reguero de denuncias y querellas formalizadas en su contra, la mayoría por delitos de injurias, calumnias o incitación al odio, y ha argumentado que la presidenta de la Junta y candidata a la reelección ha cometido prevaricación por dedicar medios del Gobierno andaluz para denunciarlo.
Se ha referido especialmente a la declaración ante Instrucción 2 de Granada, el mes pasado y en calidad de investigado, por injurias y calumnias a Díaz y el exconsejero de Salud Martín Blanco.
Ha aprovechado además para negar que se haya archivado otra querella contra cargos de Salud por prevaricación y nombramientos ilegales, que ha dicho sigue en la Audiencia de Granada, y ha negado que está inhabilitado como médico, "aunque el PSOE lo diga".
El médico ha explicado que la querella contra Díaz es pionera aunque cuenta con un antecedentes similar por una querella contra Esperanza Aguirre, condenada por usar los medios de la Comunidad de Madrid para "atacar" a una ministra del PSOE.
"Espero que el Supremo tome ahora la misma medida, porque no se puede valer de medios públicos para acciones contra mí", ha subrayado Candel, que ha justificado la malversación en que Díaz usó medios, abogados, funcionarios y el gabinete jurídico en su contra.
Ha pedido, entre otras diligencias, declarar en sede judicial y que también lo haga la presidenta de la Junta.
También ha denunciado ante la Policía Nacional a Juan Pérez, dueño de una productora que trabajó para Salud y que denunció al médico por un delito de incitación al odio, al considerarle autor de un canal que manipula sus vídeos para lanzar simbología nazi.
En otro orden de cosas y a preguntas de los periodistas, ha explicado que la Subdelegación del Gobierno de Sevilla no ha respondido a la petición de manifestación contra la prevaricación prevista para el 1 de diciembre, el sábado previo a las elecciones, un silencio administrativo que en este caso daría el permiso.
Ha dicho sin embargo que le han anunciado una "escalada de violencia" y cargas policiales si se produce la manifestación, por lo que aún no ha decidido si la desconvocará.
