La Junta de Personal del Distrito Metropolitano ha denunciado una nueva agresión a personal sanitario, en este caso la de un celador conductor que fue amenazado y recibió un golpe en el pecho en el servicio de urgencias del Centro de Salud de Íllora (Granada) por parte de un padre de familia que lo tiró al suelo.
Los hechos ocurrieron sobre la una de la madrugada del pasado 11 de noviembre, cuando una familia acudió al servicio de urgencias de Íllora y llamaron insistentemente al timbre. Se trataba de un hombre, una mujer y una niña. Nada más abrirles, los padres comenzaron a insultar al celador.
Mientras iba a buscar al resto del equipo siguieron con insultos y amenazas, ante lo que el profesional les advirtió de que llamaría a la Guardia Civil. El padre reaccionó abalanzándose sobre él y propinándole un golpe en el pecho que lo tiró al suelo. A continuación, se marchó del centro para no encontrarse con la Guardia Civil.
En ese momento se avisó a los cuerpos de seguridad del Estado y se han denunciado los hechos ante la Guardia Civil. Desde la unidad de prevención de riesgos laborales de los Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano se ha puesto en marcha el protocolo de actuaciones en caso de agresión a profesionales de los centros sanitarios, que incluye asistencia jurídica y medidas de apoyo a los profesionales.
Este martes a las 09:00 horas en la puerta principal del Centro de Salud de Íllora se concentrará Personal de la Unidad de Gestión Clínica de la localidad, representantes de la Juntas de Personal de los Distritos Granada y Metropolitano, así como la gerente y equipos directivos como repulsa a esta agresión a este celador conductor del Dispositivo de Apoyo del Distrito Metropolitano.
Desde la Junta de Personal reclaman "todos los medios necesarios para la concienciación de los usuarios del sistema sanitario, para el buen uso de los medios que el SAS pone a su disposición" y recuerdan que "en ningún caso puede justificarse la agresión ni la intimidación a los profesionales sanitarios en el ejercicio de su función asistencial".
Consideran que se trata de "un problema de violencia en sí mismo" contra el que piden "tolerancia cero" y recuerdan que estas agresiones están consideradas como un delito de atentado contra la autoridad pública.
