Anticorrupción pide casi 11 años para el exalcalde de Estepona

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 10 años y 9 meses de prisión y 38 años de inhabilitación para el exalcalde socialista de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos en el denominado caso Astapa contra la corrupción político-urbanística.

Barrientos está acusado de delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, según el escrito provisional, al que ha tenido acceso Efe, que acusa a 51 personas, entre los que se encuentran exconcejales, empresarios y empleados municipales y se pide el sobreseimiento de 39.

En materia de responsabilidad civil el ministerio público considera que el exregidor, junto a otros cinco acusados, deberá indemnizar de forma solidaria al Ayuntamiento de Estepona con 28.306.077,52 euros.

El Ayuntamiento ha anunciado hoy que reclamará las indemnizaciones que correspondan por el perjuicio causado a las arcas municipales como consecuencia del procedimiento.

En el escrito acusatorio, que consta de 162 folios, se explica que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) crearon una caja B en el Ayuntamiento de Estepona para poder aumentar el gasto público, que era inasumible con los recursos presupuestarios del municipio.

El fiscal mantiene que dicha caja B se nutría de aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios, "que naturalmente no estaban obligados a soportar ningún pago que les viniera impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales".

Tales contribuciones se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en la asunción como gastos propios de las empresas de determinadas deudas que las concejalías o sociedades municipales mantenían con sus proveedores, lo que con frecuencia dio lugar a manipulaciones en el objeto de las correspondientes facturas o a la emisión de otros documentos falaces.

Los empresarios requeridos solían aceptar estas presiones para no perjudicar oportunidades de negocio y en los años siguientes se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa o medida relevante en materia urbanística, señala la Fiscalía.