La querella por prevaricación contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena encargada por la Mesa del Parlament ha generado una situación inédita y ha avivado discrepancias internas entre los letrados de la Cámara.
Según fuentes parlamentarias, nunca antes el Parlament había tenido que afrontar una querella penal contra un juez y los letrados están ahora estudiando cómo hacerlo, pues ninguno de ellos es experto penalista.
La Mesa decidió el pasado viernes, a petición del presidente Roger Torrent y con los votos de la mayoría independentista, encargar a los letrados una querella contra Llarena por impedir la investidura de los tres candidatos propuestos hasta ahora: Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull (JxCat).
Los juristas de la Cámara analizan ahora cómo hacerlo y a quién de ellos encargárselo: muchos se niegan a asumir este encargo y ya han manifestado que no participarán en una iniciativa de este tipo.
En todo caso, no tomarán una decisión hasta que la Mesa no resuelva el recurso que Cs ha presentado este miércoles contra la decisión de interponer la querella.
Este recurso de Cs, según varias fuentes consultadas, se analizará en la próxima reunión de la Mesa prevista para el martes pero tiene pocos visos de prosperar porque el reglamento del Parlament no deja claro si se puede recurrir una iniciativa así.
Concretamente, el reglamento, en su artículo 38, especifica que los grupos pueden solicitar a la Mesa que reconsidere una decisión "de índole parlamentaria", como es el caso de escritos, iniciativas y acuerdos, pero no querellas.
Como nunca antes se había presentado una situación así, se podría pedir que el reglamento se interpretase considerando que una querella es una iniciativa "de índole parlamentaria", pero los juristas se inclinan por descartarlo.
LOS LETRADOS ESTÁN "INCÓMODOS"
Según varias fuentes, los letrados del Parlament están "incómodos" con esta situación y hubieran preferido que la querella se encargara a expertos penalistas externos a la Cámara o, como mínimo, se les hubiera consultado.
No es la primera vez que debido al proceso soberanista los letrados están en el punto de mira, y la última vez fue cuando se les encargó que dijeran si los plazos para unas elecciones automáticas estaban corriendo tras no poder investir a Carles Puigdemont.
El informe se encargó entonces al letrado mayor, Antoni Bayona, pero se consideró que tenía demasiada carga política y se rehizo con la rúbrica del secretario general, Xavier Muro --el primer jurista se negó a firmar la nueva versión--.
A los letrados también se les pidió que se pronunciaran sobre la legalidad de una investidura telemática de Puigdemont y aquél tema también generó diferencias internas entre el cuerpo jurídico: finalmente, indicaron que no podía hacerse.
