Las acusaciones del Partido Popular (PP) arcense no han podido ser más graves, pues arremeten directamente contra el alcalde de Arcos y el delegado municipal de Infraestructuras por obviar los informes y planes de seguridad en distintas obras públicas, abocando así presuntamente a una situación de inseguridad laboral a los trabajadores públicos.
Según el popular Óscar Roldán, su partido ha presentado una petición vía registro municipal en la que exige al equipo de Gobierno que muestre los planes de seguridad que, por ley, son obligatorios, ya que sospechan que no existen o se les está dando la espalda. Como ejemplo, cita la obra de emergencia que se ha realizado estos días en el colegio San Miguel, sobre la cual existiría un informe del Servicio municipal de Riesgos Laborales desaconsejando la actuación al detectar que los andamios, de seis metros de altura, no estarían anclados o sujetos, con el peligro que ello comporta para los trabajadores. El informe de Prevención se habría emitido con fecha 15 de septiembre, mientras que las obras se terminaron tres días después, paradójicamente para garantizar la seguridad en el citado colegio como consecuencia de la caída de cascotes de la cornisa del edificio. Además, la delegada de Educación, Ana Carrera, aseguraba en mayo pasado que se habían redactado los proyectos para el mencionado colegio y para el Maestro Juan Apresa, sin que, según el PP, existan planes de seguridad para ambas obras.
Además, según el PP es una situación denunciada días atrás por el sindicato UGT, sin que hasta el momento se haya producido reacción alguna por parte del equipo de Gobierno. El PP también anuncia que trasladará la posible falta de seguridad en las obras públicas al Pleno municipal, esperando una respuesta del ejecutivo socialista. Es más, Óscar Roldán y su partido pedirían la dimisión del alcalde y del delegado de Infraestructuras si estos admiten que no existen planes de seguridad.
Otro ejemplo gráfico para los popules es la falta de material adecuado en el grupo de electricistas municipales, considerando que corren un grave peligro cuando ejecutan alguna actuación sin esos medios legales.
Roldán Soto recuerda que un plan de seguridad es obligatorio por ley como complemento a una licencia de obras, y que por tanto es un documento que desde el Ayuntamiento se exige a un particular. Por ello, manifiesta que la administración local debe ser la primera en dar ejemplo con un asunto que considera “muy grave”, entre otros motivos porque, de confirmarse esta situación, se podría estar produciendo un delito contra la seguridad laboral, amén de otros tipificados en la Ley vigente. Sobre este asunto, el PP ha mostrado su total apoyo a los trabajadores municipales, de los que espera no estén sufriendo ningún tipo de coacción por parte del equipo de Gobierno. Además, el PP los invita a denunciar su presunta situación de inseguridad laboral.
