El ámbito jurídico de Sevilla ha mostrado hoy su unión contra el plan del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para resolver demandas por las cláusulas suelo de las hipotecas, y han vaticinado que será un "fracaso" y no servirá para atender a los ciudadanos.
Las críticas al plan las han hecho las cuatro asociaciones de jueces, letrados de Administración de la Justicia (antiguos secretarios judiciales), los delegados de los colegios de abogados y de procuradores de la provincia y representantes sindicales.
El decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero, ha leído un comunicado elaborado por las cuatro asociaciones de jueces del país en el que muestran su convicción de que el plan producirá un "colapso" de los juzgados.
La previsión es que el plan empezara a aplicarse hoy, y en el caso de Sevilla lo asumiría una juez de prácticas, asignada de refuerzo al juzgado de primera instancia 10 y que esta mañana ha tomado posesión del cargo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.
En Sevilla, donde se esperan que entren unas 7.000 u 8.000 demandas por cláusulas suelo, habría siete funcionarios, aunque el decano de los jueces ha dicho que aún no tienen aprobado ningún nombramiento al respecto y ni siquiera disponen de un espacio físico para ubicar el órgano judicial.
Todo ello provoca un "desconcierto" sobre el plan aprobado por el Poder Judicial y la certeza de que no se podrá atender adecuadamente a los ciudadanos, ha apuntado el decano de los jueces de Sevilla antes de recordar que en febrero pasado ya avisaron de que se podían producir estos problemas.
Los 50 decanos del país, por su parte, instaron al Consejo General, al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas a que cumplieran con su obligación de dotar de medios personales y materiales a estas sedes judiciales y que trabajaran de forma conjunta con el fin de asegurar el buen funcionamiento del sistema.
También consideraron que la "falta de coordinación" entre las instituciones ha dejado "abandonados a su suerte" a los jueces encargados de tales procedimientos, sin que nadie aporte "soluciones efectivas" a falta de dos días para su puesta en marcha.
En consecuencia, prevén que la "imprevisión" ocasione el colapso de los juzgados desde el mismo momento de su nacimiento, ya que recibirán "centenares de demandas de toda la provincia pero no podrán tramitarlas por falta de medios", tanto a nivel de letrados de la Administración como de funcionarios, ordenadores o cuentas de consignaciones.
Situación que, según aseguran, en lugar de agilizar los procesos, "va a ralentizarlos, con evidente perjuicio para el ciudadano".
