Un tribunal nipón señaló hoy por primera vez al Estado japonés y a la operadora de la central nuclear de Fukushima como responsables de negligencia en el accidente acaecido en esta planta, lo que les obligará a pagar más indemnizaciones a los desplazados.
El Tribunal del Distrito de Maebashi (centro de Japón) ha concluido que el Gobierno nipón y la compañía eléctrica Tokyo Electric Power (TEPCO) deberían haber tomado más medidas para prevenir la catástrofe atómica de hace seis años, que provocó la evacuación de decenas de miles de personas.
La sentencia llega a raíz de una demanda colectiva presentada en esta instancia por 137 evacuados, y es la primera en reconocer la responsabilidad estatal en los daños causados a los desplazados y en ordenarle pagar compensaciones, informó la cadena estatal NHK.
Decisiones judiciales previas ya habían señalado la responsabilidad de TEPCO en varias demandas presentadas por particulares por los daños psicológicos derivados de la evacuación o incluso en casos de suicidio, aunque hasta la fecha ninguna había dado la razón a colectivos denunciantes.
La resolución de hoy abre la puerta a decisiones similares de otros tribunales nipones en los que se han presentado múltiples demandas grupales de damnificados por el accidente, y podría acarrear un alto coste para las arcas públicas niponas, que ya cargan con los gastos multimillonarios del desastre nuclear.
En la sentencia de hoy, el Tribunal señaló que el accidente desencadenado por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011 "pudo haber sido prevenido", según el texto recogido por NHK.
Los jueces han concluido que TEPCO no tomó las suficientes medidas de precaución ante desastres naturales, y consideran también que el Ejecutivo debió haber valorado mejor los riesgos e impuesto mejores regulaciones sobre seguridad a la compañía energética.
La demanda fue presentada por un grupo de exresidentes de las zonas evacuadas en torno a la central, que reclamaban daños por el "estrés y los daños emocionales" que padecieron al perder sus hogares.
El Gobierno ya abonaba indemnizaciones a los exresidentes por su evacuación obligatoria, aunque ahora se verá obligado a pagar compensaciones adicionales a los demandantes, cada uno de los cuales reclamaba 11 millones de yenes (lo que en total supone 1.500 millones de yenes, 12 millones de euros).
Esta resolución es la primera sobre una de las 30 demandas colectivas del mismo tipo presentadas en todo el país y firmadas por unos 12.000 evacuados, según datos de la agencia nipona Kyodo.
