La Plataforma 3R ha denunciado que el Museo-Castillo de San Romualdo no cumple con las prescripciones legales y normativas, no solo como equipamiento píblico y como Local de Pública Concurrencia, sino como los condicionantes específicos, en aplicación de la Ley de Museos y Colecciones museográficas de Andalucía de 2007.
De esta forma, asegura que “no existe Museo alguno” en el Castillo de San Romualdo, según el Directorio de Registros de Museos de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, registro público y legitimador de los Museos de Andalucia.
Ante esta situación, los representantes de 3R procedieron a la “verificación verbal de que deberíamos de estar en un grave error, porque esto no podría ser posible y se nos traslada que se recabará información por parte de la Delegación de Cultura de Cádiz”.
Pues bien, de esa información se desprende que la autorización que se ha concedido es para “inaugurar una exposición temporal, que no se inaugura un Museo, sino una exposición y que el Museo Histórico de San Fernando, sigue estando en su ubicación tradicional, calle Real Nº 63”.
“Por tanto, se confirmaba que el día de hoy se volvía a ignorar y por segunda vez y por dos equipos de gobierno de distinto signo político y antes estas premuras sintomáticas, las obligaciones normativas de este equipamiento y por aquellos mismos, que deben velar por su cumplimiento”, dice el partido 3R.
Esta formación política afirma que se ha dirigido a la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada –que no le contesta nunca- solicitando que certifique a los ciudadanos que esas instalaciones cumplen la normativa en vigor, así como al Jefe de Servicios de Gestión urbanística de la ciudad y a la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía para que expidan certificación igualmente de la existencia de soporte de legalización de las medidas correctoras que se deben implementar. Se trata de medidas en materias tan delicadas y como la protección contra incendios de esas instalaciones.
“Esta formación política adoptará cuantas medidas sean necesarias con objeto de averiguar el estado de corresponsabilidad de ese enclave con el ordenamiento jurídico, con objeto de que el isleño haga uso y disfrute del mismo, pero con la debida seguridad jurídica. No bastó cerrárnoslo sino que ahora nos deleitan con este…segundo intento fallido”.
