Una consulta elevada al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) acerca de los trabajadores que prestaron servicios eventuales entre 2013 y 2016 para la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), perteneciente al Ayuntamiento hispalense, dada la suspensión por orden judicial de la nueva bolsa de empleo de peones, ratifica según el Consistorio que no forman parte de la bolsa de empleo, no están dentro del acuerdo que zanjaba el citado litigio ni habían iniciado la prestación de los servicios antes del 31 de diciembre de 2012.
Este grupo de 60 personas, recordémoslo, ha trabajado periódicamente en Lipasam entre 2013 y 2016, mediante contratos eventuales relacionados con refuerzos y servicios extraordinarios de esta empresa municipal. El llamamiento de estos trabajadores, primero a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y después por la propia Lipasam, derivaba de la suspensión del proceso selectivo emprendido en 2013 por Lipasam para constituir una nueva bolsa de empleo temporal de peones, a cuenta de un litigio judicial emprendido precisamente por el comité de empresa.
El portavoz del comité de empresa de Lipasam, Antonio Bazo (CCOO), manifestaba al respecto, en declaraciones a Europa Press, que los sindicatos impugnaron esta bolsa de empleo en defensa de cerca de 400 personas que habían formado parte de la anterior bolsa de empleo y que las autoridades pretendían que concurriesen a la convocatoria de pruebas relativa a la nueva bolsa de empleo, para seguir siendo objeto de las contrataciones temporales de Lipasam.
El comité de empresa, en ese sentido, reclamaba que a estos miembros de la anterior bolsa de empleo, "dados los años que venían prestando servicios, se les reconociese la condición de trabajadores fijos discontinuos".
EL ACUERDO DEL SERCLA
Finalmente, el litigio quedó desbloqueado hace pocos meses, gracias a un acuerdo en el seno del Sercla. Merced a dicho acuerdo, el pasado mes de agosto fue constituida de manera definitiva la nueva bolsa de empleo temporal de peones, formada por 600 personas, y después 330 trabajadores que habían pertenecido a la anterior bolsa de empleo de 2005, para la cual no habrían mediado pruebas selectivas, eran reconocidos como empleados "indefinidos no fijos por tiempo discontinuo".
Así, el posterior 'Reglamento de regulación de indefinidos no fijos por tiempo discontinuo', recogido por Europa Press, especifica que "se consideran trabajadores indefinidos no fijos por tiempo discontinuo aquellos eventuales procedentes de la bolsa de empleo temporal de 2005, que fue sustituida en 2009, y que integraran la citada bolsa a 31 de diciembre de 2012 y cuyos contratos han tenido un carácter cíclico a lo largo de estos años".
Fruto de toda esta concatenación de hechos, y con las contrataciones temporales de Lipasam ya a través de los trabajadores indefinidos no fijos y la bolsa de empleo de 2013, cuyos miembros protestan por caer la mayoría de las contrataciones en favor de los primeros, los trabajadores eventuales contratados entre 2013 y 2016 critican su "exclusión" de las contrataciones eventuales de Lipasam.
EL ACUERDO PLENARIO
Tras numerosas protestas de estos extrabajadores eventuales de Lipasam, y después de que el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobase por unanimidad una moción de C's que instaba a Lipasam a que transformase sus contratos en "indefinidos no fijos por tiempo discontinuo", el propio Consistorio ha informado del resultado de la consulta elevada al respecto al Sercla.
"De esta consulta se ha obtenido una respuesta que refrenda que estos antiguos contratados del SAE no formaban parte de una bolsa de empleo, no están afectados por el acuerdo del Sercla (que puso fin al conflicto) ni habían iniciado la prestación de los servicios antes del 31 de diciembre de 2012", con lo que no cuentan con las condiciones estipuladas para ser declarados trabajadores no fijos por tiempo discontinuo.
La dirección de la empresa ha trasladado estas conclusiones al consejo de administración de Lipasam, del que forman parte los grupos municipales, a los antiguos contratados y a sus representantes legales del SAT "en una línea clara de escucha activa y de diálogo", según el Gobierno local socialista. Así, se les ha comunicado que si desde el punto de vista legal se entiende algún derecho como no satisfecho, "deberá ser un tercero quien lo dilucide".
