La Guardia Civil ha llevado a cabo en lo va de año 54 operaciones en su lucha contra la trata de seres humanos, 16 de ellas relacionadas con explotación sexual, 35 con explotación laboral y tres con matrimonios forzados, en las que ha liberado a 226 víctimas y detenido a 122 personas.
La Dirección General de la Guardia Civil ha ofrecido este balance con motivo de la celebración hoy del Día Europeo contra la Trata de seres Humanos.
Recuerda que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) esta actividad delictiva afecta cada año a unos dos millones y medio de personas, en su mayoría mujeres y niñas en todo el mundo, y es un negocio que mueve unos 7.000 millones de dólares (6.300 millones de euros).
Añade que el último Consejo de Ministros ha aprobado la declaración del Gobierno con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos.
"El Gobierno de España reitera su compromiso de avanzar en la erradicación de la trata de seres humanos, una extendida forma de esclavitud moderna que atenta gravemente contra la dignidad y la libertad de millones de personas, principalmente mujeres y niñas, en todo el mundo y que es todavía una realidad en España", señala la declaración.
Agrega que "por ello una vez más el Gobierno manifiesta su más enérgica condena contra los actos que reducen al ser humano a una simple mercancía y reitera su apoyo incondicional a las víctimas".
Por último invita "al conjunto de la sociedad a sumarse al proyecto de cambio social y cultural que acabe con este problema, que rechace la utilización de seres humanos como mercancía y que levante la voz contra la esclavitud de personas, especialmente de aquellas más vulnerables".
El pasado mes de junio el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, cursó una instrucción para reforzar la cooperación con organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil en la lucha contra la trata de seres humanos.
Para ello el Ministerio del Interior ha establecido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pongan en marcha la figura del interlocutor social en la trata de seres humanos, cuyo objetivo no es solo contar con una nueva herramienta para prevenir y combatir este tipo de delito sino también favorecer la coordinación de las actuaciones con los diversos organismos y entidades sociales.
