El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, presidía ayer la reunión entre la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo y los dirigentes de la CEA, Santiago Herrero, UGT, Manuel Pastrana (reincorporado tras su enfermedad) y CCOO, Francisco Carbonero, que hacía oficial el inicio de la negociación de un acuerdo en el que llevan ya mes y medio trabajando.
Eso sí, no se han puesto fecha para cerrarlo aunque los sindicatos desean que sea antes de las vacaciones y los empresarios calculan que no estará hasta septiembre u octubre: “estará cuando estará”, zanjó Martínez Aguayo, para destacar que lo importante es que se redacte cuanto antes, “si puede ser en julio, mejor que en septiembre”.
La consejera les presentaba ayer un documento base, aceptado como punto de partida por todas las partes, para el VII Acuerdo de Concertación Social, que tendrá un apartado específico sobre la crisis y otro destinado a la modernización y al cambio estructural de la economía andaluza.
Martínez Aguayo dejaba claro que el Acuerdo no tendrá dos velocidades sino que las dos líneas son compatibles, ya que el primer bloque contendrá medidas más a corto plazo y a las que se les podrán agregar otras en función de la evolución de la crisis, pero sin dejar la perspectiva de que hay que contribuir al cambio de la estructura productiva de nuestra economía.
Medidas ante la crisis
Ante la crisis, y teniendo en cuenta las medidas que ya se han adoptado, el documento plantea una serie de iniciativas destinadas a apoyar al sistema financiero, reforzar la actividad productiva e incidir directamente sobre el deterioro de la renta de las familias y el mercado de trabajo, entre las que se encuentran líneas de apoyo y financiación a través del ICO, préstamos a través del BEI, facilitar el acceso a la vivienda y la liquidez de las empresas, agilizar la obra pública, programas de naves industriales o suelos para implantación de pymes, o medidas de inserción y destinadas a la empleabilidad, especialmente en sectores emergentes o dependencia.
Tanto la consejera como los sindicatos pusieron en valor los programas de empleo Proteja y Memta, aunque éstos últimos pidieron su revisión para corregir disfunciones, sobre todo en el pago a los beneficiarios, órdago que recogió con filosofía japonesa Martínez Aguayo: “un error es un camino de mejora”, por lo que se evaluarán “para ajustarlos y que cumplan mejor sus objetivos”.
Martínez Aguayo también quiso resaltar los dos ejes que centran el cambio estructural de nuestra economía, la igualdad y la sostenibilidad, a los que los empresarios quieren añadir -sin oposición por parte de la Junta- la agilización administrativa.
El documento también incluye el proyecto Andalucía Sostenible como una de las medidas, un hecho celebrado por los agentes sociales y económicos, que consideran que ratifica y potenciará el trabajo que ya se ha ido realizando.
En cuanto a la cuantificación del Acuerdo, Martínez Aguayo aclaró que no se sabrá hasta que no estén fijadas las medidas y apuntó que los presupuestos del próximo año reflejarán muchas de estas fondos. Aunque no dio cifras, el documento sí recoge algunas de las previsiones de movilización de las medidas a corto plazo, que alcanzan los 3.492 millones de euros.
Aunque ni la patronal ni los sindicatos quisieron hablar de los escollos que probablemente se encuentren en la negociación, quisieron poner en valor algunos aspectos, especialmente en la necesidad de agilizar la administración y apoyar, además de a los emergentes a los sector productivos y tradicionales como el turismo, la construcción o la agroindustrial (“el modelo no se puede cambiar en un día”, decía el secretario general de la CEA, Antonio Carrillo), o en la urgencia de las medidas “paliativas” para atender a los que no tienen ya ninguna cobertura de prestación y mejorar los planes para desempleados que garanticen su reinserción, en las que pusieron énfasis los sindicatos.
