De esta forma, según han informado fuentes jurídicas, Nadal contradice lo declarado por el responsable del informe, Miguel Aguirre de Cárcer, que en 2002 era director general de Política Exterior para América del Norte y Seguridad y Desarme y que, el pasado diciembre, afirmó ante el juez que el 10 de enero de 2002 entregó el informe en mano al ex secretario de Estado de Exteriores para que lo despachara con Piqué.
A preguntas del magistrado, Nadal explicó que no recuerda que "nada relacionado con este asunto" le llegara a él y ha subrayado que en el archivo del Ministerio "no consta que ese documento tuviera entrada" en su secretaría.
El autor de ese informe secreto aseguró al juez Moreno que la decisión de autorizar esas escalas fue adoptada en instancias políticas, pero no supo concretar si la tomó Piqué, y manifestó que, aunque el Gobierno de José María Aznar las autorizó para casos de emergencia, éstas no llegaron a producirse.
Aguirre de Cárcer consideró que se trataba de un asunto político y no militar porque fue una persona de la embajada de Estados Unidos, cuya identidad no reveló, la que en enero de 2002 se dirigió a él como autoridad del Ministerio de Exteriores para solicitar esa autorización.
Nadal, que ha comparecido en calidad de testigo, corroboró que este tipo de aterrizajes es un caso previsto pero ha subrayado que en el convenio firmado "no está tasado" que la carga que pudieran llevar esos aviones fueran "prisioneros de Guantánamo" y ha dicho que presume que EEUU no llevaría carga "que pudiera comprometer a España".
También testificó ayer ante el magistrado el brigada de la Armada Luis Bueno Espinosa, que en octubre de 2002 era controlador aéreo en la base de Rota (Cádiz) y se encargaba de autorizar la toma y despegue de aeronaves y, en el caso de las americanas, verificar la autorización diplomática.
Aseguró que no tiene conocimiento de que ningún vuelo de los que hizo escala en esa base trasladara detenidos, pero añadió que cuando se comunicaba que alguna aeronave llevaba "carga peligrosa", se acreditaba mediante un documento diplomático y se estacionaba en una "zona reservada para mercancías peligrosas específicas para EEUU y terceros países".
En esa área concreta, ha destacado Bueno, funcionarios o personal español no verificaban la carga de esos aviones.
El tercer y último testigo que compareció ante el juez de la Audiencia Nacional fue el teniente de Navío Arturo Arcay Rey, que ha manifestado que tampoco tiene constancia de que los vuelos de EEUU transportaban detenidos y que estos aviones americanos tienen un "aparcamiento específico".
Subrayó además que "no es corriente" que las aeronaves estadounidenses informen de la carga que transportan.
La investigación del magistrado se centra, principalmente, en los vuelos Argel-Palma-Skopje (Macedonia), del 22 de enero de 2004; Guantánamo-Tenerife-Constanza (Rumanía), el 12 de abril de 2004, y Madrid-Luxor (Egipto), el 16 de diciembre de 2003, y en las supuestas escalas de otros vuelos en los aeropuertos de Málaga, Barcelona, Alicante, Tenerife y Palma de Mallorca.
