El Gobierno que no llega y la ofensiva para cambiar la Lomce puede afectar al desarrollo de las reválidas previstas por la popularmente llamada Ley Wert, para antes del mes de junio de este año. Y es que la incertidumbre que planea sobre Moncloa sobre quién va a gobernar, cómo y con qué socios políticos mantiene en el aire la prueba final de Sexto de Primaria. Además, el Congreso de los Diputados acaba de aprobar una proposición de ley del PSOE que pide su paralización.
Así las cosas, esta reválida, de celebrarse y según lo fijado por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, diagnosticará a unos 17.500 escolares malagueños sobre materias como Lengua, Matemáticas, Ciencia y Tecnología. Según recoge la Lomce, serán hasta cuatro días de exámenes en los que se evaluará el nivel educativo del alumno, pero en principio no computará en el expediente académico.
La Consejería de Educación ha manifestado siempre su oposición. Basta recordar el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional para tratar de frenar esta evaluación. La delegación de Educación de la Junta de Andalucía asegura que “están de acuerdo con la cultura de la evaluación”. Para ello, destacan las denominadas pruebas Escala o las de diagnóstico, pero con el “fin de mejorar el sistema educativo y no el de segregar y seleccionar al alumnado”.
A pesar de no estar de acuerdo con esta reválida, la delegación de Educación asegura “estar preparada para afrontar estas pruebas” si finalmente se llegasen a realizar. “Se llevarían a cabo siguiendo los procedimientos legales oportunos e intentando no causar perjuicio ni al profesorado ni alumnos”.
La Lomce prevé que sean profesores funcionarios externos a los colegios los que realicen esta reválida y que los resultados se hagan públicos. En este sentido, David Sevilla, vocal en Málaga de la Asociación de Directores de Colegios de Primaria y director del Ceip Revello de Toro, espera que esta prueba se haga en los centros educativos “como una evaluación más”. “Se trata de una prueba que no es conveniente ni positiva. Los exámenes externos no tienen en cuenta los factores sociales y las circunstancias personales de estos niños; eso no se puede medir con una prueba estandarizada”, añade.
4º de ESO y 2º de Bachillerato
La polémica por estas reválidas se acentúa en los próximos niveles educativos. Así, las evaluaciones continúan con dos nuevos exámenes con consecuencias académicas. El primero de estos exámenes finales evalúa al niño en cuarto curso de ESO y sí afecta a la obtención del título, lo mismo para la que se ha fijado en 2º de Bachillerato. En ambos casos, serían pruebas públicas elaboradas por personal externo al centro educativo.
En Málaga, unos 15.000 estudiantes de Cuarto de Educación Secundaria y unos 11.100 de segundo curso de Bachillerato tendrían su titulación supeditada a la superación de esta prueba. Al caso, Arturo Fernández, director del Instituto Politécnico Jesús Marín, considera que el primer escollo es administrativo. “Su principal inconveniente es el gran coste organizativo y de recursos humanos para su implantación”, sostiene Fernández, quien además afirma que “no deja de ser una forma de desconfiar del profesorado al delegar en una prueba externa la evaluación del alumno”.
