La Audiencia de Málaga ha suspendido el juicio previsto para este lunes contra el exasesor de Urbanismo de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca, acusado de los delitos de malversación y prevaricación en relación con la construcción de la desaladora marbellí. Inicialmente, se ha vuelto a fijar para los días 9, 10 y 11 de mayo del próximo año 2016.
La suspensión se ha producido después de que lo haya pedido el fiscal y se hayan adherido la abogada de la defensa y también los de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y del Ayuntamiento marbellí. El representante del ministerio público ha solicitado el aplazamiento para que se diera a las partes una pericial de la Agencia Tributaria, que no ha podido ser examinada.
Al respecto, la defensa de Roca, que se ha mostrado a favor de la suspensión, ha apuntado que esa documentación de Hacienda demuestra que la construcción de la desaladora de Marbella ya se vio en el proceso del caso 'Saqueo II', en la Audiencia Nacional; por lo que sería cosa juzgada. Además, ha precisado que faltarían otros documentos.
La Fiscalía Anticorrupción solicita que se le impongan a Roca ocho años de prisión y 29 de inhabilitación. Los hechos se remontan a la era del Grupo Independiente Liberal (GIL), cuando Jesús Gil era alcalde de Marbella y también presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
En las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, se detalla el mecanismo de "huida del derecho administrativo tanto en la esfera de la organización municipal como en la de las contrataciones públicas" que existía en Marbella, una "ilícita y torticera forma de actuar" que fue "exportada" a la Mancomunidad.
Roca, condenado por el caso 'Malaya' y que "ejerció de facto la jefatura del Ayuntamiento", según dice la Fiscalía en este escrito, era en ese momento gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000 y también de la mercantil Mancosol Urbanismo, participada mayoritariamente por Acosol, empresa pública creada por la Mancomunidad.
La acusación pública explica en su calificación provisional el procedimiento en el que se llevó a cabo la construcción de la desaladora, iniciándose en 1995 la declaración de emergencia de la tramitación del expediente de contratación del proyecto y la realización de las obras, ante la situación de prolongada sequía que existía.
Para esto, era necesario la expropiación de terrenos y nombrar una dirección facultativa especializada, señalando el ministerio fiscal que en "el proceso de contratación administrativa y control contable relativo a la construcción de la planta desaladora se produjeron graves incumplimientos de la normativa legal aplicable", los cuales fueron detectados por la Cámara de Cuentas andaluza.
Así, respecto a la expropiación, se señala que el Ayuntamiento de Marbella asumió la gestión de esto, lo que delegó a su vez en Planeamiento 2000, de la que era gerente Roca. En total fueron siete parcelas, afirmando la acusación que "no se concluyeron los expedientes expropiatorios y en algún caso ni tan siquiera se iniciaron pese a haberse ocupado por la vía de hecho los terrenos".
En este sentido, se indica que no se abonó "justiprecio alguno a los propietarios de las fincas", aunque la empresa adjudicataria de la construcción de la planta sí pagó a Planeamiento 2000 la cantidad de 150 millones de las antiguas pesetas --algo más de 900.000 euros-- para dicho fin.
Anticorrupción manifiesta, en este punto, que Roca, en su condición de gerente de la sociedad Planeamiento 2000 y "guiado por el ánimo de haber cosas de ajena pertenencia, lejos de cumplir su encargo y de dar a las mencionadas cantidades su destino --abono de justiprecios-- hizo suyos" 871.446 euros de ese total entregado, y "los incorporó a su patrimonio".
El fiscal pide que el exasesor y cerebro de la trama de corrupción marbellí indemnice a la Mancomunidad con esa cantidad. Asimismo, a Roca se le acusa de adjudicar "de forma manifiestamente injusta" la dirección de obra a una empresa privada", logrando desviar, junto al letrado y hombre de confianza de Gil, José Luis Sierra, la cantidad de 455.000 euros a favor de una empresa vinculada al abogado.
En este caso, Sierra también fue acusado inicialmente en relación con la adjudicación de dicha dirección facultativa con un sistema "irregular". Pero, el letrado resultó aquejado hace unos años de un deterioro cognitivo severo por Alzheimer, no siendo actualmente consciente de sus actos, por lo que no será juzgado.
