La Sala de lo Social, con sede en Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado visto para sentencia, de nuevo, el juicio por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Estepona, que ya se celebró en 2013, aunque la sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo, que ordenó repetir la vista para incorporar una prueba pericial propuesta por CCOO que no había sido admitida.
De hecho, el juicio se ha celebrado sólo en lo referente a esta prueba, dando por válido todo lo expuesto en el anterior; aunque también se ha practicado otra propuesta por el Ayuntamiento, como respuesta y basada en un informe del actual interventor municipal, que fue admitido por la Sala este pasado martes; lo que ha provocado la queja expresa de los abogados que representan tanto a los sindicatos como al comité de empresa.
El ERE, que afectó a 174 trabajadores, finalizó en julio de 2012 y se justificó en "causa económica y organizativa", oponiéndose los sindicatos y el comité de empresa al entender que había fórmulas alternativas viables a los despidos. El TSJA dio la razón al Ayuntamiento y consideró que era "ajustada a derecho" la decisión de extinguir la relación laboral de esos empleados municipales y estimando acreditada la causa económica.
CCOO, UGT y el comité de empresa recurrieron esta decisión y el Supremo consideró que el TSJA, al rechazar la práctica de una prueba pericial económica propuesta por esas representaciones generó "indefensión", además de ser "notoriamente contrario a derecho por no fundarse en causa legal motivada". Asimismo, se precisó que "la resolución final del proceso quizá podría haber sido distinta de haberse practicado la pericial rechazada".
Para la pericial practicada este miércoles, una economista ha comparecido y ha ratificado su informe, en el que se analiza la documentación aportada por el Ayuntamiento antes del primer juicio y en el que se apunta a que en la memoria justificativa del ERE se realizaron comparaciones "interesadas" y "sesgadas", al tiempo que se utilizaron datos que no reflejaban la realidad económica que tenía Estepona en el momento del ERE.
Así, ha declarado que no se incorporaron algunas cifras de 2012 ni se consideró que los dos años anteriores se había producido una evolución positiva; incluso la previsión incluida en los presupuestos de dicho ejercicio era de superávit. Asimismo, ha aludido a una deficiencia en la eficacia recaudatoria del Ayuntamiento a la hora de cobrar los 90 millones de euros de impagados, lo que provocaba una tensión de tesorería.
La experta ha señalado que la necesidad de ahorrar seis millones de euros en personal que alegó el Consistorio en dicha memoria justificativa ya estaba conseguida, según otros documentos, como los presupuestos de 2012, que ya incluían ese ahorro en el capítulo 1. Esta perito ha indicado que no se han tenido en cuenta otros gastos de plantillas, por ejemplo de sociedades municipales, que están en otros capítulos, porque no están desglosados.
Pero, la Sala ha admitido la práctica de una contraprueba, tras aceptar un informe remitido el 18 de este mes, elaborado por el actual interventor municipal, quien se ha mostrado en contra de las afirmaciones de la perito, al considerar que se comparan gastos de personal que "no son homogéneos", precisamente por no tener en cuenta a los empleados de las sociedades municipales. Asimismo, ha declarado que las tensiones de tesorería no eran solo por la recaudación.
CONCLUSIONES
Para los letrados del Ayuntamiento, ha quedado claro que en ese momento "no había ingresos corrientes" para afrontar los pagos necesarios, no se había producido el ahorro antes de llevar a cabo el ERE y el superávit de 2012 era una previsión, por lo que se daban las causas objetivas para el ERE. Además, han dicho, el informe propuesto por CCOO es "parcial y sesgado, dirigido a unas conclusiones insostenibles".
Por contra, los abogados de los sindicatos y del comité de empresa ha mantenido la nulidad del ERE y el "manejo interesado" de los números por parte del Consistorio; además de que han señalado que el Ayuntamiento aportó al Tribunal documentos económicos que no presentó en las negociaciones con los representantes de los trabajadores. Han considerado probado que la memoria justificativa no tenía datos actualizados.
Previamente, han expresado su protesta por que el Tribunal haya admitido el contrainforme del Ayuntamiento, cuando esto entra "en contradicción" con una resolución de la propia Sala en la que se señalaba que el juicio se repetiría solo en lo referente a la prueba no admitida en el primer proceso. Además, se han quejado por que se les pidiera que remitieran su estudio en julio, mientras el del Ayuntamiento se remitió el día 18 y se aceptó sólo un día antes.
VALORACIONES
La responsable de la secretaría general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Carolina Ortiz, ha indicado que afrontan este juicio con "ilusión" pero también con "preocupación", apuntando que se trata de "174 familias que están esperando sentencia" y que tienen paradas sus demandas individuales hasta que termine este proceso colectivo. "Esperamos que por fin se haga justicia y que el Tribunal declare que los despidos son nulos", ha concluido.
Por su parte, la edil de Personal, Pilar Fernández-Fígares, ha recordado que "llevar a cabo despidos dentro de la plantilla ha sido la decisión más dolorosa para el equipo de gobierno y se abordó después de agotar y negociar con los sindicatos todas las vías posibles".
Así, ha señalado que en la práctica de la prueba este miércoles el Consistorio "ha vuelto a reiterar las causas objetivas que justificaron esta necesidad de reducir la plantilla fueron de naturaleza económica y organizativa. En concreto, la necesidad de reducir en seis millones el gasto de personal procedente del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria exigido por Ley".
Asimismo, ha trasladado el deseo de que la sentencia se produzca "cuanto antes". Desde el Ayuntamiento han indicado en un comunicado que "el excesivo peso de la plantilla --en torno al 90 por ciento sobre los ingresos-- resultaba desde el punto de vista económico insostenible, como consecuencia de la existencia de 1.362 empleados, de los que una parte prestan servicios de forma indirecta". Además, han recordado que hubo "un largo proceso de negociación".
Fernández-Fígares ha indicado que el Ayuntamiento se vio obligado a hacer esta reducción de gasto para poder llevar a cabo el Plan de Pago a Proveedores, "que en el caso de la localidad, sumaba un total de 66 millones de euros de facturas impagadas por el anterior equipo de gobierno, durante el periodo 2008-2011". Además, ha dicho que la lista de empleados que se vieron afectados por el ERE --solo personal
laboral con acceso a la administración sin proceso selectivo-- se confeccionó "según los criterios objetivos".
