El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, inauguró este lunes los X Cursos de Verano de la Universidad de Jaén (UJA) en Torres pronunciando una conferencia sobre ‘El papel de las empresas transnacionales y los Derechos Humanos”. De Llera señaló que los cursos son un foro que ofrece una “excelente oportunidad para reflexionar sobre temas de actualidad con más calma, pero sin perder el rigor académico”.
El consejero de Justicia e Interior apostó por defender los derechos fundamentales frente a las imposiciones de los grandes grupos de poder económico.
El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes; el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso; el alcalde de Torres, Diego Montesinos, y el presidente de la Fundación FIBGAR y director de los cursos, Baltasar Garzón, inauguraron la décima edición, en el Centro de Formación y Empleo de Torres. “Los cursos universitarios de verano de Torres son un foco de atención de foros de opinión y de discusión sobre cuestiones candentes que interesan a la sociedad, en general”, dijo el rector, Juan Gómez.
El presidente de la Diputación Provincial puso de relieve la importancia de estos cursos como “espacios de encuentro y de debate”, que favorecen “el diálogo, el análisis y el consenso” entre instituciones, entidades y agentes sociales y económicos, “algo que se hace más necesario que nunca en tiempos como los actuales”.
El alcalde de Torres manifestó que estos cursos están “consolidados” y sitúan al municipio “en el mapa nacional e internacional”, agradeciendo a Garzón que los mantenga.
Desde este lunes y hasta el 22 de julio, un total de 37 estudiantes participan en el primero de los dos cursos de esta edición: ‘El papel de las empresas transnacionales y los derechos humanos’. Está coordinado por Baltasar Garzón y el catedrático de Derecho Internacional de la UJA Juan Manuel de Faramiñán.
Baltasar Garzón habló del control de la actividad de las multinacionales, con relación con los derechos humanos como “la conciencia que se está formando en los organismos internacionales y en la sociedad civil” y aclaró que “es una necesidad compaginar las políticas económicas atractivas, con los derechos de los pueblos originarios y con las personas que se ven afectadas por esas políticas”.
