El Ayuntamiento de Torremolinos, sin perjuicio de la continuidad en la acción de defensa de sus intereses en el ámbito jurídico, comenzará en breve a ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obliga al pago a Málaga de 17.286.492,90 euros como deuda del Ayuntamiento de Torremolinos por gastos habidos en la segregación del municipio.
Así lo ha confirmado el alcalde, Pedro Fernández Montes, durante la sesión plenaria celebrada hoy, en la que el primer edil ha concretado que la referida cantidad se abonará en un periodo de 300 mensualidades sucesivas, con cuota de amortización de capital constante, a razón de 57.621,64 euros, siendo el primer vencimiento el próximo 15 de abril de 2015.
La Moción correspondiente presentada por el alcalde a este fin señala también que anualmente se dotarán las consignaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de dicho plan de pagos y, lógicamente, el anuncio de la inmediata notificación de esta decisión plenaria al Ayuntamiento de Málaga.
Pero para la aprobación de esta Moción, contra la que votaron los dos ediles de IU y en la que se abstuvo la representación del PSOE, fue necesario antes un intenso debate en el que tanto el portavoz del Grupo Popular, Ramón del Cid, como especialmente el propio alcalde, Pedro Fernández Montes, se encargaron de desmenuzar con detalle el proceso que dio lugar a esta deuda, calificada una y otra vez por el primer edil como “injusta”, además de recordar que “el pleito lo iniciaron ustedes, y digo ustedes porque lo hizo el Partido Socialista”, y recalcar que “no se tuvo en cuenta que no se había cumplido el artículo 3º del Decreto de Segregación, que decía que cuando no hubiera acuerdo entre ambos ayuntamientos, la Consejería arbitraría mediante laudo lo que estimara preceptivo”.
El alcalde aclaro, en fin, que desde el primer momento no se contemplaron los ingresos que Málaga obtuvo de Torremolinos y sí en cambio los gastos, de ahí la consideración de la existencia de esta deuda cuya improcedencia e injusticia defiende el Ayuntamiento de Torremolinos ante el TSJA en Sevilla.
No faltó en este punto el detalle de generación en el tiempo de esta reclamación, que fue de 9.830.249 euros en 1992, a la que se han sumado los intereses generados en 23 años, por importe de 7.456.243,88 euros. Al respecto, el alcalde explicó que la sentencia del Tribunal Supremo se produjo el 10 de abril de 2008 y que, “independientemente de que el responsable de esta deuda fue el Equipo de Gobierno del Partido Socialista en Torremolinos”, “su pleito ha durado 16 años y los recursos planteados por el Equipo de Gobierno del Partido Popular, casi 7 años”, de tal manera que, a la postre, en un cuadro de “responsabilidad política” reclamado por la oposición, la iniciativa del Partido Socialista habría provocado el 68,53 por ciento de los intereses acumulados, es decir 5.109.763 euros que, sumados a la reclamación inicial, alcanzarían los 14.940.012,03 euros, lo que supondría el 86,42 por ciento de la deuda, atribuible directamente al Partido Socialista.
En cuanto a esa “valoración” sobre la hipotética responsabilidad de la deuda que cabría atribuir a cada grupo político, el alcalde explicó que, en el caso del PP, sólo ascendería por tanto al 13,58 por ciento, equivalente a 2.347.505 euros.
Asimismo, en este punto, Pedro Fernández Montes quiso recordar que, en todo caso, si la reclamación efectuada en 1982 suponía el 77,40 por ciento del total de los ingresos anuales del Ayuntamiento, la cantidad que ahora debe abonarse representa solo el 17,26 por ciento de esos ingresos, lo que hace más “asumible” esta obligación para las arcas municipales, y todo ello “sin perjuicio de lo que puedan decir los Tribunales en el futuro”.
Dada la polémica suscitada durante meses por este asunto, el tema acaparó buena parte de la sesión plenaria, aunque no menos intenso y profundo fue el debate planteado en relación con la aprobación de corrección de errores y determinaciones de la aprobación provisional del PGOU.
El alcalde fue rotundo en la denuncia de la permanente obstrucción que la Junta de Andalucía viene ejerciendo con el municipio para que éste sea el único que aún no ha logrado la plena adaptación del Plan a la LOUA, con el consiguiente grave perjuicio para los intereses de Torremolinos.
Pedro Fernández Montes insistió en que el PGOU “es el instrumento más dinamizador que puede tener un municipio, y mucho más en un municipio turístico costero, ya que siguen siendo cientos de miles los europeos que quieren vivir entre nosotros en casas propias o alquiladas” y, después de relatar punto por punto los tortuosos caminos administrativos que ha afrontado el Ayuntamiento, con la permanente obstrucción por silencio administrativo reiterado de la Junta de Andalucía, denunció que “van ya más de cinco años desde que la Agencia Andaluza del Agua nos tiene bloqueado el Plan”, ofreciendo todo tipo de detalles sobre el proceso hasta concluir que “Torremolinos no puede esperar más para que se aprueba su Plan General”.
“Son muchos los inversores que están esperando para volver a construir en Torremolinos”, afirmó el alcalde en este contexto, para concretar que “son muchos los torremolineses que quieren hacer obras en sus casas o en sus solares y, sobre todo, la Junta de Andalucía está impidiendo desde hace años una inversión superior a 400 millones de euros”, en relación con el proyecto de un gran Centro Comercial, el mejor del Sur de España, cuya no ejecución está impidiendo la creación de entre 2.500 y 3.000 puestos de trabajo directos.
También en el marco de este mismo escenario administrativo se situó el debate respecto al punto siguiente del Orden del Día, una moción de la Concejala de Urbanismo para la aprobación del Estudio de Detalle de parcelas de las manzanas residenciales del Plan Parcial del Sector SUP R.1-8 “La Cizaña”, desestimando las alegaciones planteadas por la edil socialista Isabel Tocón, que pretendía con su alegación el reinicio de toda la tramitación, lo que implicaría un extraordinario retraso de cara a la ejecución definitiva de un proyecto de construcción de 400 viviendas que, según dijo el alcalde, “implicaría riqueza y trabajo en Torremolinos”.
Pedro Fernández Montes insistió que su Equipo de Gobierno, pese a los constantes obstáculos, intenta por todos los medios, dentro de la estricta legalidad, agilizar los trámites para que, efectivamente, esta inversión sea efectiva en el menor tiempo posible, lo que supondría consolidar la “seguridad jurídica” que tanto necesitan en este momento los inversores para volver a recuperar la actividad urbanística no sólo en Torremolinos sino en el conjunto de la Costa del Sol.
Fiel a sus argumentos, el PSOE votó en contra de esta aprobación, mientras que Izquierda Unida se abstuvo en este punto.
Por fin, entre otros asuntos, tampoco faltó en la sesión plenaria un debate en torno al recién celebrado “Torremolinos de moda”, proyecto exitoso a través del cual el Ayuntamiento ha pretendido promover que los ciudadanos consuman los productos textiles en los comercios locales antes de buscarlos fuera del municipio, y respecto del cual el uso indebido de una imagen de titularidad intelectual privada por parte de la empresa, también privada, que se encargó de la publicidad del evento, pretendió ser “arma arrojadiza” del concejal de IU Félix Martín contra el Equipo de Gobierno.
El portavoz del PP, Ramón del Cid, exhibió su ironía más fina para dejar clara la inexistencia de responsabilidad del Ayuntamiento en esta cuestión, hasta el punto de haber reclamado a la empresa que incurrió en irregularidad el pago del coste de la segunda cartelería, ya corregida, que publicitaba este evento.
Al final, Ramón del Cid logró que Félix Martín terminara reconociendo, siquiera tímidamente, el éxito y correcto proceder del Ayuntamiento en este asunto, sobre todo después de que, como pedía el concejal de IU, se hubiera retirado en su momento el primer cartel que exhibía sin permiso una imagen ajena.
El Pleno también dio “luz verde” a la renegociación de préstamos por parte del Ayuntamiento que suponen a la postre un ahorro para las arcas municipales de 2,2 y 549.000 euros, respectivamente, en comparación las condiciones estipuladas hasta ahora para esas operaciones de crédito.
