El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado diez días a la Junta para que le informe sobre qué pasos ha dado para hacer efectiva su posesión del suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata en el paraje del Algarrobico, en Carboneras (Almería), y para que precise cuál sería la "situación jurídica" en la que quedaría la titularidad del inmueble, así como su "valoración económica".
En una providencia de 3 de marzo, consultada por Europa Press, también interpela al Gobierno andaluz para que le concrete, en un plazo de cinco días, cuales son "las medidas que solicita que sean adoptadas" por el Alto Tribunal para ejecutar el derecho de retracto ejercido por 2,3 millones de euros sobre los sectores urbanísticos ST-1, donde se asienta el hotel, y ST-2, y que le da la propiedad del suelo por sentencia firme.
La Sección Primera da, así, un paso más para la resolución del incidente de ejecución forzosa de esta sentencia promovido por 'Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar' y la Junta después de que en septiembre de 2014 no pudiera formalizase ante notario la inscripción registral de las fincas a nombre la administración autonómica ya que no compareció la promotora del establecimiento, Azata del Sol.
La mercantil, de hecho, también ha trasladado escrito de oposición a la ejecución forzosa del retracto alegando, entre otros argumentos, que la licencia municipal de obras es "legal en firme" por sentencia de 29 de julio de 2014 y que el suelo es "urbanizable" por sentencia de 21 de marzo de ese mismo año, por lo que, según sostiene, la Junta pasaría a ser "titular de la edificación y deudora por la construcción realizada" que supuso una inversión de 27,4 millones de euros.
El nuevo ponente en el procedimiento, el magistrado Rafael Toledano, también ponente del fallo anteriormente citado y por el que se declaró conforme a derecho la licencia municipal de obras, quiere saber ahora detalle de "todos y cada uno" de los actos administrativos que ha llevado a cabo la Consejería de Medio Ambiente y que le informe, asimismo, sobre las "actuaciones materiales de toda índole" realizadas para ejecutar el retracto.
El tribunal, del que también forma parte el magistrado Jesús Rivera, quien en 2008 ordenó la revisión de oficio de esa misma licencia del obras del hotel por contravenir la Ley de Costas y la normativa medioambiental de Cabo de Gata, también pide que le informe sobre las edificaciones e instalaciones que pudieran existir en los sectores ST-1 y ST-2, "con expresión de la titularidad de esos bienes, su valoración económica y la situación jurídica en la que quedaría la titularidad de las edificaciones existentes de ejecutarse el retracto", según precisa.
La Junta de Andalucía dio a finales del pasado mes de septiembre un nuevo paso para inscribir a su nombre el suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol y pidió la ejecución forzosa del fallo con el objetivo, según se apuntó desde fuentes jurídicas, de conseguir "un titulo ejecutivo" para proceder a la inscripción de las fincas en el Registro de la Propiedad después del frustrado intento de elevar ante notario el contrato de compraventa a escritura pública.
La administración se adhería de este modo a la solicitud de la asociación de 'Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar', que lo pidió en mayo y se reiteró en ello a principios de septiembre.
En su escrito, la Junta apelaba a su "voluntad" de "preservar" el parque natural de Cabo de Gata en la zona de El Algarrobico. El retracto se justificó en su día en la protección de los valores ambientales del espacio y así lo confirmó el TSJA en una resolución en la que subrayaba que el interés medioambiental del paraje "resulta notorio" por estar bajo hasta seis figuras conservacionistas europeas.
La promotora del hotel, en su escrito de oposición, advertía de que ordenar la ejecución forzosa supondría dar la Junta la propiedad "por accesión" del hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones, que, según remarca supuso una inversión de más de 27,4 millones de euros y está "prácticamente concluido al 94,5 por ciento", por lo que, a su juicio, el Gobierno andaluz sería "deudor por la construcción realizada".
