El Ayuntamiento ha trasladado, en el día de hoy, a las ELAs de Guadalcacín, Estella y Torrecera así como a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz el informe emitido por la Unidad de las Relaciones con las Administraciones Territoriales de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, en el que se considera no ajustado a derecho el convenio firmado para la encomienda de la gestión del servicio.
El Gobierno municipal explica que este informe fue solicitado por el Ayuntamiento de Jerez a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz en el ejercicio de las funciones de coordinación que le corresponden al Ayuntamiento matriz en relación con las Entidades Locales Autónomas. El Gobierno consideraba importante tener la opinión jurídica del organismo que controla los actos y acuerdos de las administraciones locales.
El Ejecutivo comenta que el contenido de este informe fue dado a conocer a los alcaldes de las ELAs de Guadalcacín, Estella y Torrecera, en el transcurso de la reunión celebrada esta semana a petición de los tres alcaldes pedáneos. Este informe que, fue remitido al Ayuntamiento en el mes de noviembre, ha sido analizado y estudiado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento matriz durante este periodo viéndose necesario ponerlo en conocimiento de las partes a las que se refiere el mismo.
El Gobierno incide en que los alcaldes conocen el informe y que, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por los servicios técnicos de la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento no puede ser cómplice de un acuerdo que no se ajusta a derecho.
El Ejecutivo quiere dejar claro que no se ha opuesto en ningún momento al traspaso de la gestión directa del servicio del agua a estas tres pedanías, es más desde el momento que estas entidades se mostraron su voluntad de desvincularse de la gestión asumida por Aqualia, el Ayuntamiento ha realizado todas las gestiones necesarias ante esta empresa para proporcionar toda la información demandada por las ELAs para poder prestar el servicio desde la propia entidad local.
El Gobierno deja claro igualmente que el informe técnico de la Subdelegación del Gobierno plantea que este convenio no se ajusta a derecho ya que las tres ELAs no se encuentran dentro del ámbito geográfico de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, por lo que la prestación de cualquier tipo de servicio excede de las competencias de dicho ente. Y, por otro lado, que la adjudicación de un servicio de estas características necesita de un concurso público que en este caso concreto tampoco se ha dado. Por tanto, insiste en que el Ayuntamiento matriz no puede respaldar un acuerdo que no se ajusta a derecho, viéndose en la obligación de trasladárselo a ambas partes.
El Ejecutivo reitera que la prioridad ha sido desde el principio que los vecinos de las tres pedanías tengan garantizado el servicio de agua con plenas garantías técnicas, administrativas, jurídicas y económicas. “El Gobierno no quiere ser un obstáculo ni entrar en ninguna guerra con estas tres entidades, pero la gestión de este servicio debe realizarse primando el interés de los vecinos y acorde con la legislación vigente.
