El Juzgado de Instrucción 3 de La Palma del Condado ha archivado la causa abierta contra el portavoz del PSOE en Almonte, José Villa, por supuestos delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, malversación de fondos públicos, falsificaci documental, prevaricación y cohecho.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el juez considera que a raíz de lo instruido no se ha podido justificar la perpetración de delito alguno por parte de Villa ni de Domingo Núñez, exconcejal socialista, ni del empresario que administra la empresa promotora del parque industrial, G.R.G.F., imputados también inicialmente en la causa, por lo que decide el archivo de las actuaciones.
En el auto judicial se precisa, según la información publicada hoy por el diario Huelva Información, que "no se ha producido ningún perjuicio económico a la corporación local" en las diversas operaciones relatadas en la denuncia, ya que en ningún momento se adquirió por el Ayuntamiento de Almonte la finca objeto de las actuaciones", sino que meramente se suscribió con el propietario un convenio urbanístico.
La causa se abrió tras la denuncia presentada por la empresa pública municipal AVANTUR S.A., en las que se ponía en conocimiento del juez presuntas irregularidades en la gestión de ININ El Tomillar, su precedente, que se constituyó como empresa pública en 2002 para la gestión, promociones y venta de suelo urbanizado de uso industrial, a propietarios privados, en relación a los terrenos donde debe asentarse el polígono Camino Alto de la localidad.
Las presuntas "anomalías", que el juez no considera que constituyan delito, se produjeron en 2007, cuando el denunciado G.R.G.F. solicitó información sobre la posibilidad de que se rescinda aquel convenio, y, a pesar de que no fue discutido en el Consejo de Administración, el que entonces era su presidente José Villa le contestó que se había decidido "rescindir el convenio", respuesta que, según la denuncia, conllevaría "una falsificación".
El 30 de abril de 2008, la propietaria J.T.M.M. vendió la finca a la mercantil "Parque Industrial y de Servicios Camino Alto Sociedad Limitada" -representada por el denunciado G.R.G.F.-, en 2,4 millones de euros y en 2010 se la venden a la empresa municipal 2.928.600 euros, con un sobreprecio de más de medio millón de euros, ya en plena crisis.
El juez no considera que haya habido un "acuerdo irregular previo y personal entre las partes, en el que se pone por delante el interés de la empresa privada".
