Ecologistas en Acción ha pedido amparo y la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz para que inste al Defensor del Pueblo Estatal a la revisión de oficio del Plan Global de gestión de aguas de la Mina Cobre Las Cruces otorgado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
El motivo es el "incumplimiento" por parte de Mina Cobre las Cruces, que explota en la provincia de Sevilla la mayor de Europa a cielo abierto, de la sentencia judicial y por incluir una recarga artificial que pone en "grave riesgo la salud de las personas que se abastecen ahora o en el futuro del acuífero", según ha informado esta organización en un comunicado.
Ha recordado que la sentencia del Juzgado 5 de Sevilla ha anulado el Plan Global de Aguas de la mina y ordena a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir retrotraer el expediente al 1 de enero del 2009 para que valore la procedencia de realizar cinco trámites ambientales que se han omitido.
Según ecologistas, la sentencia "no sólo afirma la ilegalidad de la norma en función de que la Agencia Andaluza del Agua no era competente y, por tanto, la Confederación cubriría con una nueva autorización el vacío legal generado sino que plantea que hay que valorar la procedencia de cinco cuestiones que no se han realizado, entrando en el fondo más allá de temas meramente competenciales".
Por tanto, antes de que la autorización sea válida la CGH está obligada a pronunciarse en aspecto tan esenciales como si la reinyección autorizada se trata de un vertido, si hay que evaluar ambientalmente la modificación solicitada, tramitar una nueva concesión de aguas, realizar un informe de compatibilidad con el Plan Hidrológico del Guadalquivir y realizar una nueva Autorización Ambiental Integral de la Planta Hidrometalúrgica del complejo minero.
Estos aspectos, según la organización ecologista, "corroboran que lo que pretendía la mina es un proyecto totalmente distinto del autorizado y que hubiera precisado una paralización de la actividad por incumplimiento del proyecto autorizado hasta que este desaguisado no se hubiese resuelto tal como dicta la ley".
Por tanto, considera que la mediación del defensor del Pueblo Andaluz "está más que justificada ya que tiene constancia de los incumplimientos y vacíos legales en que se han incurrido llegando a dictar en 2009 una resolución donde ya se recogía las exigencias que ahora confirma la sentencia".
