El diputado nacional del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado ha dirigido al Gobierno de la Nación una batería de preguntas sobre el proceso de adjudicación seguido, por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), del contrato para la limpieza del río Guadalquivir a su paso por la capital cordobesa, por la posibilidad de que se hayan producido irregularidades en el mismo.
De este modo, Hurtado, según ha explicado a Europa Press, ha preguntado al Ejecutivo "¿por qué importe se le adjudicó a la empresa Viguecons Estévez la limpieza del río Guadalquivir a su paso por Córdoba?, ¿cómo se adjudicó la prestación de esta obra o servicio?, ¿concurrieron otras empresas a la oferta pública?" o ¿cuál hubiese sido el coste de esta obra o servicio si el adjudicatario hubiera sido la empresa pública Tragsa?".
De hecho, el diputado socialista también ha preguntado "¿por qué no se adjudicó este trabajo a la empresa pública Tragsa?" y si "¿la retirada de los sedimentos (áridos) se hizo a una parcela particular?", preguntando a continuación si "¿no requería la retirada de residuos la autorización de la Confederación (Hidrográfica del Guadalquivir) y la retirada a un vertedero autorizado?" y "¿por qué no se hizo así?"
Además, Hurtado también quiere saber si "¿no se trataba este trabajo de una obra de restauración y no de una obra de emergencia?", si "¿no es competencia del Ayuntamiento (de Córdoba) la restauración?" y "¿no tendría que haber sido el Ayuntamiento el encargado de la limpieza del río?", para llegar a la pregunta final de si "¿ha detectado el Gobierno alguna irregularidad en la adjudicación o en la ejecución de la limpieza del río Guadalquivir a su paso por Córdoba?".
Hurtado ha dirigido estas preguntas al Gobierno tras la publicación, por 'El Confindencial' de una información, según la cual, el comisario de Aguas de la CHG, Rafael Álvarez Giménez, infló en 1,3 millones la limpieza del río a su paso por Córdoba "para corregir los daños causados por las excepcionales precipitaciones", según anunció el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el pasado mes de mayo.
Álvarez Giménez, según ha precisado el diario digital, encargó esta obra, localizada en ocho hectáreas, a una empresa amiga: Viguecons Estévez. Costó 1,8 millones de euros, frente a la mitad que podría haber costado, según las tarifas de Tragsa, el holding público especializado en obras dependiente de la SEPI.
A ello hay que sumar que la retirada de los sedimentos (áridos) debe realizarse previa autorización de la CHG y a un vertedero autorizado, pero, según la información periodística, no fue así, ya que los áridos se trasladaron a una parcela particular propiedad de la empresa Viguecons Estévez SL, la cual realizó la obra con la empresa Caminos y Cauces SA.
Viguecons Estévez SL es propiedad de Francisco Rafael Estévez y, según recoge la información de 'El Confidencial', es adjudicataria de numerosas obras para el Ayuntamiento de Córdoba, por su amistad con Rafael Ruiz Giménez, director general de Infraestructuras del Ayuntamiento, el cual es primo hermano del comisario de aguas y fue enlace entre ambos.
