El portavoz del Gobierno y primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, acompañado del delegado de Impulso Económico, Francisco Cáliz, y el gerente del PCTA, Juan Carlos Racero, presidió ayer la Junta de Portavoces para informar acerca de la situación económica y financiera del Parque Científico Tecnológico Agroindustrial (PCTA).
En el encuentro, al que acudieron representantes de todos los grupos políticos de la oposición, se puso de manifiesto que en el momento de producirse el relevo en la gerencia, en la caja había 1,4 millones de euros, debiendo la sociedad hacer frente a pagos por valor de cuatro millones. Por tanto, Racero encontró un agujero económico de 3,6 millones de euros.
Por este motivo, Saldaña defendió que fue el cambio en la Gerencia lo que permitió “destapar” la situación real en la que se encontraba la sociedad, momento a partir del cual “se ha estado trabajando en recabar toda la información para poner en orden las cuentas”, optándose en última instancia por la solicitud del concurso de acreedores.
Igualmente, el portavoz municipal explicó que se quiere separar el negocio inmobiliario de la gestión del parque por entender que “es el origen y la causa de la actual situación del parque debido a una mala gestión del Gobierno anterior del PSOE”.
Asimismo se están estudiando la formula de hacer frente a las devoluciones de las subvenciones así como los usos de los edificios, a la vez que se está trabajando en equilibrar el negocio real del parque”.
Tras exponer la situación del parque, el Gobierno pidió a los demás grupos políticos su colaboración para ir de la mano, lamentando que la Junta de Andalucía y el PSOE no participaran el pasado jueves en la Junta General ya que, según explicó Antonio Saldaña, había sido convocada de forma consensuada tras los contactos mantenidos durante el verano con la Administración autonómica para garantizar la viabilidad del parque y tras conocerse la insolvencia del parque.
A este respecto, recordó que la Junta adeuda 1,2 millones de euros a la sociedad en concepto de subvenciones. El Estado reclama por su parte al PCTA la devolución de 6,3 millones de euros por las obras del contenedor de empresas, que no han podido todavía culminar dada la falta de recursos económicos para desarrollar el proyecto.
