El juicio por el denominado ‘caso desvío de fondos’ que ha sentado en el banquillo de los acusados por segunda vez en lo que va de año a la exalcaldesa socialista de Jerez y actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, Pilar Sánchez, quedó ayer visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez.
En la cuarta sesión, Sánchez -acusada de un presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con el de fraude en subvenciones- volvió a prestar declaración a petición de su abogado, Juan Manuel Montes. Su estrategia se centró en demostrar que el convenio con Diputación no estaba agotado, cómo sí apuntaron tanto la actual alcaldesa, María José García-Pelayo, como el interventor y el tesorero del Ayuntamiento, y que la posibilidad de solicitar anticipos del segundo semestre del 2011 era “real”, desglosando el detalle de las operaciones financieras realizadas.
Poco agregaron los dos funcionarios “de alto nivel”, a excepción de algún que otro “pero” cuando la defensa planteó que había mecanismos para obtener ingresos e ir reponiendo el dinero retirado de la cuenta restringida para el Plan E. Cuenta de la que faltaban más de seis millones cuando en julio de 2011 tomó posesión el nuevo Gobierno local del PP de los 15 que había ingresado la Administración central para los 37 proyectos de inversión autorizados. Implacable se mostró el fiscal -que pide para Sánchez tres años de cárcel, 12 de inhabilitación especial para cargo público electo (no le afectaría a su actual puesto si fuera condenada) y una multa de 8,6 millones- cuando cuestionó que la entonces alcaldesa llegara llamara a la directora general del Ministerio para informar de que iba a utilizar fondos del Plan E para pagar la nómina a la plantilla municipal y a las concesionarias. “¿Por qué no se le ha citado? Esa llamada telefónica no existió, como tampoco existió ese comité de crisis” , dijo en relación a las reuniones a las que se refirió Sánchez para adoptar esta medida. También descartó que hubiera un “plan formal de reintegro” para reponer las cantidades, de la misma forma que alertó de la “posibilidad real de duplicidad de pagos” de obras afectadas que el PP tuvo que pagar con los créditos ICO.
Para el fiscal, el uso de los fondos de la cuenta diferenciada del Plan E “a sabiendas de su ilegalidad” para pagar a la plantilla, obviando las “advertencias” del tesorero e interventor supone un delito de prevaricación continuada. “La función de un interventor no es decir que un hecho es constitutivo de delito, eso no se va a dar en la vida”, apostilló. Tras pedir la libre absolución de Sánchez, la defensa introdujo un elemento nuevo en el que se apoyó para justificar que “el Código Penal no contempla lo que se ha enjuiciado estos días”. En este punto, aludió a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2012 que, según afirma, anuló la disposición séptima del Real Decreto de 2009 por el que se regulaba el Plan E. Dicha disposición aludía al principio de la cuenta restringida. según ha detallado.
¿Trasfondo electoral o casualidad?
Hasta en siete ocasiones dispuso Sánchez de la cuenta restringida con cargo a futuras reposiciones en operaciones financieras. El fiscal resaltó especialmente la del 6 de mayo de 2011 con el Banco de España para pagar nóminas. “Qué casualidad. Empezaba la campaña y la Feria y había que callar la boca a más de 1.000 trabajadores”, dijo.
“Yo no me he llevado nada ni he lesionado al Consistorio”
”A ningún alcalde de la historia le han juzgado por pagar las nóminas. Creo que he sido y seré la única”, señaló Sánchez en su alegato final, en el que insistió en que “pregunté hasta la saciedad” si podía incurrir en un delito penal al recurrir a fondos del Plan E para pagar nóminas y “nadie respondió a mi pregunta” y “cumplí hasta el final con mi obligación del pago de nóminas”. “Adjudiqué todas las obras y cumplí con el objetivo de crear empleo. Yo no me llevé nada, ni fui la beneficiaria y tampoco lesioné al Ayuntamiento”. Por último resaltó el “daño”, la “inseguridad y miedo” que este caso le ha ocasionado a ella y a su familia -tiene sus cuentas embargadas y un embargo de señalamiento en su casa-. Pese a todo, dijo que tiene “plena confianza” en la justicia.
