El abogado de un esquizofrénico que en febrero del 2013 mató a sus padres y hermana ha pedido que los médicos certifiquen que su madre y hermana padecían la misma enfermedad, lo que avalaría su relato de haber actuado en legítima defensa.
El letrado de Luis Miguel Briz, de 35 años, ha recurrido ante la Audiencia de Sevilla la decisión del juzgado de instrucción 3 de Dos Hermanas (Sevilla) de no tomar declaración ahora a los psiquiatras que trataron a su madre y hermana, que llegaron a estar internadas con episodios de esquizofrenia delirante.
A su juicio, tales informes avalarían el relato del acusado de que actuó en defensa propia cuando el 28 de febrero del 2013 mató a su familia a puñaladas en su vivienda de Dos Hermanas, un delito por el que la Fiscalía solicita para él 57 años de cárcel que deberá cumplir en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario.
El acusado degolló a su hermana con un cuchillo de 19,5 centímetros y luego mató a su madre y a su madre, que recibieron 28 y 14 puñaladas, aunque mantiene que fue en legítima defensa porque primero le atacaron.
La defensa de Briz ha pedido a la Audiencia que la prueba psiquiátrica de la familia se haga ahora en el juzgado instructor y no ante el tribunal del jurado que enjuiciará en caso y también ha solicitado que el depositario de los bienes familiares sea nombrado administrador, a fin de que pueda tomar medidas para proteger el patrimonio.
Finalmente, ha solicitado que su cliente reciba una asignación mensual de 200 euros de ese patrimonio familiar para comprar artículos de primera necesidad en el Psiquiátrico Penitenciario, donde se encuentra internado desde su detención.
La Fiscalía de Sevilla ha calificado los hechos como asesinato con la eximente completa de enajenación mental, mientras que la defensa admite delitos de homicidio con las atenuantes de confesión y legítima defensa.
Según el abogado defensor, la historia clínica de la madre y hermana del parricida suma más de doscientos folios y ambas estuvieron internadas por brotes de esquizofrenia, que era especialmente grave en el caso de la hija, por lo que "hay que investigar qué pudo pasar en esa casa antes de ir al tribunal del jurado".
Junto a los 57 años de cárcel, la Fiscalía reclama una indemnización de 172.036 euros para los familiares de las víctimas.
