El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), que ha declarado este martes como imputado por un posible delito de prevaricación relacionado con una operación urbanística en el Cerrillo de Maracena, ha defendido la legalidad de su actuación y ha acusado al PSOE, que denunció el asunto, de hacer un "montaje" para desprestigiarlo en la política y "tener titulares de prensa".
"Yo estoy muy tranquilo, y trabajo para defender los intereses de Granada, otros están para intentar ganar las elecciones en los juzgados", ha dicho en declaraciones a los periodistas a la salida del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, acompañado por varios miembros de su equipo de gobierno.
Torres Hurtado ha incidido en que la querella de los socialistas no incluye toda la documentación sobre esta operación, que supuso saldar una deuda de 8,2 millones de euros a dos promotores, a cambio del porcentaje en una parcela. Además, ha defendido que estuvo avalada por los técnicos, y fue aprobada en el pleno, y que el Ayuntamiento "sí ha cobrado" porque tiene ese dinero "en un suelo, el 14,5 de una parcela, en una de las mejores zonas de la ciudad".
De hecho, según ha indicado, el Ayuntamiento no podía cobrar con los embargos a esos promotores, y ha explicado que ya el Colegio de Economistas aseguró que esos 8,2 millones se corresponden con ese porcentaje de la parcela. Asimismo, si cuando se produce la venta de los terrenos ese 14,5 por ciento es menos de los 8,2 millones, el acuerdo implica que "siempre el Ayuntamiento cobraría esa cantidad". "Si el total de la parcela se vendiera por 8,2 millones de euros, el Ayuntamiento seguiría percibiendo 8,2 millones, y los demás nada", ha mantenido el alcalde, que ha afirmado también que es la capital quien tiene la última palabra en la venta.
El alcalde, que se ha negado a responder a las preguntas del PSOE, acusación popular, pero que sí lo ha hecho a las cuestiones planteadas por el juez, la Fiscalía y su letrado, ha criticado que el PSOE no sólo haya intentado con su querella "desprestigiarlo" a él sino también a tanto "buen funcionario" en el Ayuntamiento para intentar que "Granada parezca una ciudad donde hay cosas mal hechas".
"Lamento que cobren el dinero de los granadinos para esta labor que hacen", ha indicado Torres Hurtado, que ha tildado a los socialistas de "enreda-políticas" y de "no saber nada del mundo comercial".
CONFÍA EN QUE SE ARCHIVE
Por lo tanto, ha confiado en que el asunto se archive y que "todo esto quede en lo que tiene que quedar, que es un montaje para intentar ver si convencen a los granadinos de que los voten", lo que, en su opinión, no van a conseguir, "porque se creen que los granadinos son tontos, y de tontos no tienen nada".
Al alcalde no le ha "dolido" verse imputado porque sabe "perfectamente" lo que es una imputación, que sólo supone una citación judicial "con abogado para que te defiendas". "La palabra imputación suena tan mal que se va a quitar del Código Penal próximo para evitar que nos condenen antes de estar condenados", ha apuntado.
El alcalde ha repartido además entre los periodistas presentes el recurso que en su día presentó a la admisión a trámite de la querella del PSOE, un documento en el que su representación procesal asegura que las afirmaciones contenidas en ella "no pueden ser otras que la construcción de un juicio paralelo con evidentes intenciones de utilización con intereses partidistas" y cuya finalidad es el "desgaste político" del alcalde.
En el documento, consultado por Europa Press, alega falta de motivación del auto dictado por el juez, en tanto que los querellantes "se limitan a criticar determinadas actuaciones administrativas pero sin que en modo alguno sean capaces de identificar una conducta de la que se pueda predicar un delito"; que los hechos se plantean en la querella como un "totum revolutum", repitiendo consideraciones en distintos bloques; y argumenta la legalidad de la operación, avalada por los técnicos.
En el asunto también han sido imputados en total seis personas, además del alcalde, los responsables de las promotoras JJ Consulting y Comarex, que también estaban citados para declarar ante el Juzgado en la mañana de este martes, dos representantes de la Caja Rural, que comparecerán el próximo 4 de octubre, y otro representante de una de las promotoras, que declarará por exhorto en Madrid.
