Jesús Alcina Blanco, miembro de la junta directiva de la Asociación SOS Bebés Robados Cádiz, nos habla de su caso particular, uno de los pocos en el que hay ya una persona imputada, una doctora, que tendrá que acudir a los juzgados de Cádiz a declarar el próximo mes de noviembre. Su historia, su caso, tiene dos vertientes. Por un lado, en las denuncias que ha presentado, la voz cantante la llevan los documentos que él mismo aporta. Total objetividad, nada de cuestiones emotivas más allá de lo que se lee entrelíneas en algunos de esos informes. Y por otro lado, está su relato de los hechos a base de los recuerdos de sus padres y de otros testigos…
“Mi madre dio a luz a principios de 1983… era su tercer embarazo y llegaba al final con normalidad, e incluso la gestación sobrepasó los nueve meses. De hecho la ingresaron (en el antiguo Zamacola) sin dolores de parto, por prescripción médica”, explica a este medio el propio Jesús Alcina.
Durante dos o tres días le realizaron todo tipo de pruebas, desde exploraciones a ecografías, “tengo todos los informes que detallan la actuación médica, y en ninguno se detectan anomalías. Todo estaba bien”, pero poco antes del parto le comunican que “le van a practicar una cesárea porque el niño venía cruzado. Entonces la anestesiaron”. A partir de aquí, “ella no nos puede contar más, pero sí mi padre”.
“Cuando prácticamente había acabado la cesárea, salió un médico y le comentó a mi padre que todo había salido bien, que mi madre estaba bien, pero el bebé no estaba bien y que podría morir en pocas horas”, entonces “mi padre le pidió ver al niño ya que seguía con vida, pero el médico le dijo que no, que se iba a quedar con mala impresión, pero mi padre le dijo que si era por cesárea, el niño no tendría que haber sufrido. Mi padre siguió insistiendo hasta que le dijeron que el niño tenía el síndrome de Lilliput, algo que jamás hemos escuchado… el niño lo que tenía era acondroplasia, enanismo… tal y como se lo dijeron, se desmayó… recobró el conocimiento a los cinco minutos pero ya le dijeron que su hijo había muerto”.
Del niño ya no se supo nada más y pasaron los años. “Mi hermana, que también es miembro de la asociación, siempre tuvo la impresión de que algo raro había en lo ocurrido… por eso cuando se casó aprovechó el pretexto de la posibilidad de tener un hijo para pedirle a mi madre toda la documentación médica. Con esos documentos en la mano se dio cuenta de que realmente había cosas muy extraña y me pidió que la ayudara”.
Coherencia
Todo lo que le contó su hermana “era muy coherente, por eso comenzamos esta lucha. Lo primero que hicimos fue pedir el historial médico de mi madre (2009), y al final tuvimos que recurrir a engaños para obtenerla porque ya en aquel año se estaba moviendo todo esto de los bebés robados”.
Este historial “nos abrió ya completamente los ojos, teníamos las pruebas individuales que en todo momento se le practicaron a mi madre… antes de dar a luz, y posterior a dar a luz, y en estas últimas, el niño desaparece, no hay documentación sobre qué prácticas le aplicaron”. En este sentido, “las pruebas individuales nos cuentan una historia que luego en el resumen de la doctora que está imputada, al pasarlo al informe genérico de altas, es totalmente distinta. Donde dicen que el niño estaba en posición vertical y en posición cefálica, ella dice que está en posición transversal y obvia lo de la posición cefálica”. Es decir, “no es un error médico, no es un error de trascripción, porque copia las medidas, copia el documento palabra por palabra de los especialistas, sólo cambia lo que le interesa”.
En el informe de la doctora “señala que ella suponía que estaba en posición transversal, pero minutos antes del parte, tras ser oscultada por palpación, se dice que el niño estaba en posición cefálica”. Pero al final, “dice que por eso se le practicó una cesárea transversal, cuando mi madre tiene todavía la cicatriz, y la cesárea fue longitudinal. Es decir, no fue como dice en el informe de alta”.
Otra de las muchas sospechas es que “durante todo el embarazo, a mi madre le dijeron que era una niña, pero a mi padre luego le dijeron que era un niño”.
Sepultura común
El cuerpo del bebé “supuestamente debe estar en una sepultura común en el cementerio de San José. Allí podría haber entre cuarenta y cincuenta restos entre bebés y amputación. Hemos pedido la exhumación tanto judicialmente como ahora con la posibilidad de reclamar los restos del cementerio. Pero no tenemos ninguna novedad al respecto, espero que el juzgado se pronuncie una vez que tome declaración a la imputada”.
Alcina piensa que “en mi caso concreto creo que sería una ayuda para la justicia y para la investigación, que se exhume el cuerpo, y lo lógico sería que fuese antes de tomar declaración a la imputada. Y en mi caso hablamos de que el cuerpo está entre cuarenta bebés, pero supuestamente hablamos de un bebé acondroplásico. Así si aparece un cuerpo con esa enfermedad, se le realizan las pruebas genéticas… pero si no aparece aún quedaría todo más claro”.
Jesús Alcina también quiere que se destaque “a parte del dolor de las madres, que ahora pueden expresarlo, está también l verdadero sentir del padre que ha guardado silencio, porque los padres se están autoinculpando con la boca cerrado, preguntándose por qué no insistí aquel día, por qué no abrí esa puerta o esa cajita… todavía se están inculpando con la boca cerrada”.
Sospechas tras la exhumación
En la última exhumación llevada a cabo en el cementerio viejo de Chiclana, se dieron igualmente circunstancias extrañas, algo que confirma tanto Jesús Alcina como Charo López, presidente de la asociación. “Es un caso de 1.986, que durante todo el embarazo, el parto y demás, a los padres le decían que era un niño, pero luego en la documentación de la autopsia aparece como un feto hembra, con lo cual empiezan a sospechar y recopilan información… resulta que es la misma doctora que mi caso y el mismo celador”, relata Alcina
Ellos logran exhumar el cuerpo, pero cuando abren la sepultura, sepultura que “días antes el padre me confesó que tenía la sensación de que la habían tocado, o que acaso se estaba volviendo loco”, y “cuando quitan la tapa, y se ven restos de una caja, y encima depositada una bolsa de basura. Resulta que antes de enterrarse el padre pidió abrir el ataúd y no vio al niño, solo algo envuelto en vendas”. Pero “ahora había una bolsa de basura con el cuello hacia arriba, con más altura que la tapa de la caja, casi tocaba el techo del nicho. Lo primero que sacaron fue la bolsa y después todos los restos del ataúd, el cristal de la tapadera, el crucifijo y restos de madera. Deducción, ¿cómo podían estar por debajo de la bolsa?”. Es decir, a medida que avanzan los casos, más crecen las sospechas…
El cinco de noviembre declarará como imputada una doctora
Jesús Alcina nos comenta que en el caso de su familia, la primera denuncia la presentaron ante la Fiscalía General en Madrid, en enero de 2009, y como los casos “se dormían, volvimos a presentar la denuncia ante la Fiscalía en Cádiz”, y “fue entonces cuando abrieron diligencias”.
En este sentido, comenta a esta medio que “tras la investigación realizada por la propia Fiscalía, la fiscal jefe ve indicios de delito, pasando el caso a manos del juzgado, que vuelve a abrir diligencias, tras las cuales nos vuelven a comunicar que hay indicios de delito”.
Y ya la siguiente información que “nos remiten es la imputación de este médico que firma el certificado médico de alta”. Un informe de alta que no se puede considerar, en su opinión, de “como que es un error médico, y tampoco es un error de trascripción, espero que los jueces lo sepan ver porque aún confio en la justicia”, pero también “porque copia las medidas, copia el documento palabra por palabra de los especialistas, sólo cambia lo que le interesa”.
Para todo esto habrá que esperar hasta el próximo cinco de noviembre cuando le tomarán declaración a esta doctora, “y esperemos que haya juicio”.
Prian: “En mi opinión y en la de la Fiscalía, ningún caso ha prescrito”
Javier Prian es abogado de la asociación SOS Bebés Robados en Cádiz y en Jerez, y su función es “atender a los socios los jueves, de 16 a 18 horas, que me traen la documentación que tienen, luego confecciono las denuncias, llevo a cabo el procedimiento judicial, es decir, me encargo de la parte jurídica”.
En este sentido, una vez que tiene toda la documentación, valora el caso, lo estudia, y ve si hay o no indicios para presentar una denuncia. La denuncia la interpone en los distintos juzgados de Instrucción de la provincia y los recursos ante la Audiencia.
Actualmente “en Cádiz hay entre 20 y 30 casos en los juzgados, y repartido por la provincia son más de 60”. Todavía están en procedimiento de instrucción, son casos abiertos. Algunas hay archivados por haber prescrito y otros por carencia de pruebas. Los casos que se prescriben tienen treinta y tres años desde que ocurrió el supuesto robo del bebé. Pero Javier Prian tiene claro que “que han prescrito lo dictan los juzgados, pero en mi opinión ninguno prescribe porque no se han encontrado a los niños. El delito es permanente en el tiempo, porque hasta que no se encuentra el bebé robado no se deja de cometer el delito. Es como un secuestro de más de treinta años. Es mi teoría pero la de la Audiencia es otra... y depende de qué provincia hablemos, por ejemplo aquí la Fiscalía tiene el mismo criterio que nosotros”.
El objetivo de cada socio “no es buscar un culpable, lo que quieren buscar a su hijo, saber si realmente está muerto, y colateralmente buscar al culpable y que pague por lo que ha hecho, desentrañando la trama de los niños robados aquí en Cádiz”.
Y hablamos de una trama “en la que participaban muchas personas e instituciones. Era muy bien organizada, pero a pesar de la cantidad de casos que hay en Cádiz, todavía no hemos encontrado indicios de una casa cuna, o de algo así”.
Uno de los pasos es la exhumación, “para saber si están los restos, y para saber si los restos que hubiere fuesen del supuesto bebé robado. Y es que si no están los restos, está claro que estamos ante un caso de sustracción de un niño”. Pero de ahí a encontrar al culpable “hay un trecho, porque incluso puede haber fallecido”.
El culpable “no necesariamente es quien adoptó, no sabemos si estaba o no al corriente de que el niño que adoptaba era robado. Lo normal es que no lo supiera, aunque hay casos en que lo tenían como hijo biológico”.
Víctimas de origen humilde y con escasos recursos
Chary Herrera es la presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados en la provincia de Cádiz, un colectivo que cuenta aproximadamente con 150 miembros, los cuales son familiares directos (madres, padres o hermanos) de un supuesto bebé robado.
Los objetivos de este colectivo son “agrupar a personas con esta problemática, asesorarlos y buscarles la documentación necesaria, también asesoramiento judicial, acompañamiento, además de realizar concentraciones para concienciar a la sociedad”. A estas concentraciones “acuden un mínimo de doscientas personas”. Por otro lado, “también nos dedicamos a instar a las administraciones, a los políticos, a los jueces, a los medios de comunicación a que nos ayuden”.
La asociación comenzó a forjarse en junio de 2011, ella empezó su lucha en 2009 mientras que los casos de bebés robados salieron a la luz pública en 2010.
La unión y la fuerza
El problema inicial era que los casos de forma individual caían en saco roto, puesto que “cuando uno tenía estas sospechas, parecía que estaba loco, la gente te decía que te callases, pero cuando salimos en los medios, eso hizo que otras personas en la misma situación también hacía público su caso… cuanto conté mi caso me llamaban todos los días, salía gente hasta debajo de las piedras que llevaban años y años callados porque pensaban que la iban a tomar por locas, algo que también me pasaba a mí. Todavía hay madres a las que no creen ni sus propios maridos”.
Y es que “si uno sabe con certeza que su hijo ha muerto, cierras el duelo y tiras hacia delante, pero cuando no lo sabes y te lo imaginas vivo, no puedes cerrar el duelo y solo tienes rabia al pensar por qué te lo han quitado, o por qué no te dieron documentación, o por qué no te lo enseñaron al enterrarlo… cosas que te hacen pensar que te lo han podido robar, sobre todo sabiendo que hay tantos casos similares, algunos muy claros… en mi caso busco a una hermana y no sé si está viva o muerta, algo que sabré cuando se desentierre y se haga una prueba de ADN”.
Cuatrocientos casos
En la provincia de Cádiz hay “más de cuatrocientas personas en esta situación, no hay ninguna localidad de Cádiz que no se haya puesto en contacto con nosotros”.
Herrera confiesa que “lo más complicado es convencer a la justicia, aunque aquí en Cádiz tenemos la suerte de que la Fiscalía, aunque no cree en nosotros, sí que nos ha dado la posibilidad de abrir investigaciones, y tras ella siempre han visto indicios de delito… el problema lo tenemos con los jueces, que no creen en nosotros y tenemos el problema de que se archivan porque han prescrito los casos anteriores a 1980”.
Respecto a las exhumaciones realizadas en la provincia, poco más de una decena, “todavía no sabemos los resultados porque tardan mucho”.
Una de las coincidencias es que “casi todas las víctimas comparten un origen humilde, porque era lo más fácil, es más fácil engañar a gente humilde, sin recursos, a los que le daban coba y engañaban con los documentos”.
Sobre por qué no se denunciaban estos casos antes, Herrera lo tiene claro, “es la pregunta del millón y la respuesta es clara, antes no se podía denunciar, todo el mundo sabe lo que aquí pasaba por aquellos años, hay casos en los que la policía se reía, otros en que metían a la madre en un psiquiátrico, es ahora y gracias a los medios de comunicación cuando se ha podido denunciar estos casos”.
Por qué se quiere ocultar estos casos, “es algo que no sabemos realmente, pero tantas trabas da que pensar que hay gente importante detrás, porque comprar un niño tenías que tener dinero y poder. Pueden estar implicados médicos, abogados, gente importante y por eso quieren taparlo a toda costa para que no salga a la luz”.
